Asimismo, para que los responsables de gestionar y beneficiarse de los contratos entre el Estado y Odebrecht “sean debidamente procesados y condenados, comenzando por el presidente (del país), Danilo Medina”.
Marcha Verde acusó a Medina, a su antecesor, Leonel Fernández, y a la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de ser “los principales artífices y responsables en la actualidad del régimen de robo de los recursos públicos”.
Medina y Fernández, quien preside el PLD, “controlan de manera antidemocrática las instituciones de persecución del delito, las altas cortes e importantes medios de comunicación del país para evitar que se haga justicia en el caso Odebrecht y en otros importantes casos”, afirmó.
En ese sentido, consideró que Medina, que el jueves próximo llega al segundo año de su segundo mandato, debería ser sometido a un juicio político y a una investigación penal independiente para que responda por estos casos.
Enarbolando banderas y pancartas, en las que se podían leer mensajes como ‘El fin de la impunidad’ o ‘Los ladrones a la cárcel’, la marcha transcurrió, una buena parte de ella bajo la lluvia, sin incidentes y en un ambiente familiar y festivo, según los propios organizadores.
En República Dominicana “hay un millón de razones para marchar, luchar y vencer la corrupción y la impunidad”, dijo a Efe la profesora María Teresa Cabrera, integrante de la comisión organizadora del colectivo, que desde enero de 2017 ha realizado varias manifestaciones multitudinarias, entre ellas tres en Santo Domingo, incluida la de hoy.
Cabrera volvió a cuestionar el expediente presentado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, que, a su juicio, deja fuera el periodo “en el que se pagó más del 67 % de los sobornos”, así como a funcionarios, legisladores y exfuncionarios.
Los participantes partieron desde la intersección entre las avenidas 27 de Febrero y Tiradentes para luego concentrarse en el Centro de los Héroes, donde se encuentran las sedes de la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Congreso Nacional (bicameral).
La marcha contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales y de partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) que recientemente llamó a la ciudadanía a acudir a la actividad.
El pasado martes el juez de la Suprema Corte Francisco Ortega dio inicio a la audiencia preliminar contra los 7 imputados de recibir los sobornos de Odebrecht, pero tras dos vistas decidió aplazarla hasta el 21 de agosto para que se entreguen las pruebas que el Ministerio Público asegura tener en contra de los acusados.
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Los imputados son los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del PRM, el empresario Ángel Rondón, a quien se le acusa de distribuir el dinero, el senador Tommy Galán, del PLD, y su compañero de partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Asimismo, el supuesto testaferro de Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, y el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM.
A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.
Rodríguez anunció entonces la inclusión de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario del PRM, en la lista de los imputados por este caso.
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