La investigación sobre la actuación de los militares de esa zona, añadió González, se emprende por “legítima exigencia de los padres” de los jóvenes, de los que no se ha vuelto a saber nada desde la noche del 26 de septiembre, después de ser disparados por unos sicarios y policías locales corruptos en la comunidad de Iguala.
La CNDH prepara, además, una recomendación -sin carácter vinculante- al presidente Enrique Peña Nieto, también a petición de los padres, que han exigido a las autoridades encontrar a sus hijos con marchas multitudinarias y diversos tipos de protestas en Guerrero, la capital mexicana y otros puntos del país. “No le toca a la CNDH investigar los delitos, pero sí la violación a los Derechos Humanos” cometidas por los militares, prosiguió el ombudsman, que asumió su cargo el mes pasado.
La Fiscalía general ha dicho que los militares de la zona no intervinieron en la balacera porque no recibieron órdenes para hacerlo. Sin embargo, unos estudiantes que sobrevivieron al ataque, en el que murieron seis personas, sostienen que vieron en la noche del 26 de septiembre a militares y policías federales, algo que ha negado reiteradamente el Gobierno federal.
Al cumplirse tres meses del ataque el viernes último, algunos padres de los desaparecidos dijeron en un mitin en Ciudad de México que sospechan que sus hijos están vivos en algún cuartel del Ejército.
Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía, basada en declaraciones de sicarios detenidos, apunta a que inmediatamente después de la balacera, los 43 estudiantes fueron capturados por unos policías municipales y entregados al cartel local de drogas Guerreros Unidos, que a su vez los asesinó e incineró sus cuerpos. Hasta el momento, sólo han sido identificados los restos de uno de ellos.
