Internacional

Oposición venezolana denuncia persecución

La coalición opositora rechazó el lunes la detención de algunos de sus dirigentes y el eventual retiro del fuero parlamentario de uno de sus principales congresista, y dijo que a pesar de esas acciones insistirá en la vía electoral como solución a la severa crisis económica que enfrenta el país. 

CARACAS.- Algunos congresistas oficialistas anunciaron que espera iniciar este martes un proceso para retirarle la inmunidad al diputado Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, por su supuesta vinculación con un plan golpe de estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.    

El secretario general del partido de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, condenó a nombre de la coalición opositora la detención del alcalde de la zona metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, y el posible retiro de la inmunidad a, hechos que consideró como una situación de persecución política.            

Al criticar el arresto del alcalde metropolitano, que ocurrió el 19 de febrero, y el eventual proceso contra Borges, Ramos aseguró que esas acciones están basadas en un “proceso controvertido” en el que está usando como único testigo a un oficial detenido desde hace varios meses.        

Consideró como un “pote de humo” la denuncia sobre el presunto plan de golpe de estado, y dijo que el gobierno está recurriendo a la denuncia del complot y el encarcelamiento de opositores porque está “sumamente desesperado” ante la crisis económica y el deterioro de la popularidad de Maduro.            

Venezuela está sumida en una profunda crisis con una galopante inflación que cerró el año pasado en 68.5%, severos problemas de abastecimiento de alimentos y otros productos básicos, y una recesión que analistas prevén que se agravará este año por la caída de los precios del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país suramericano.             

Ramos indicó que la oposición enfrentará las acciones contra sus dirigentes con la “fuerza cívica” y continuará adelante con su plan para participar en las elecciones parlamentarias que están previstas para este año.            

Ledezma y Borges fueron señalados la semana pasada por las autoridades de estar implicados en un supuesto complot para derrocar al presidente Maduro. En ese caso también han sido implicados once oficiales, algunos de ellos retirados, y un empresario.             

Maduro señaló también a funcionarios de Estados Unidos de estar implicados en el supuesto complot, pero no presentó pruebas. Washington ha rechazado los señalamientos.           

El mandatario exigió el lunes a su par estadounidense Barack Obama cesar la política de “agresión” contra Venezuela, y detener la “injerencia y abusos” de su embajada en Caracas.             

“Yanquis del carajo respeten nuestra patria, ya basta…ni una ofensa más voy aceptar del imperialismo estadounidense” , dijo Maduro durante un acto en el estado occidental de Yaracuy.             

La ex congresista María Corina Machado dijo el lunes que es víctima de una “persecución permanente de la policía política” , y que en los últimos días ha recibido “amenazas incluso de atentado contra la vida de mis hijos a medianoche por mensajes de texto o por algunas llamadas” .           

Se solicitó al Ministerio de Comunicación una reacción sobre el señalamiento de Machado pero no hubo comentarios de momento.          

Una de las sedes capitalinas del partido opositor socialcristiano fue tomada el lunes por unas 24 familias en un confuso incidente. Miembros de la Guardia Nacional y la policía se presentaron en la edificación para dialogar con los presuntos invasores y tomar el lugar.        

La toma de una de las sedes del partido opositor coincidi�� con un pronunciamiento que emitió el lunes la dirigencia de Copei en respaldo a un acuerdo de transición política que respaldaron Machado, Ledezma y el dirigente detenido Leopoldo López.       

Maduro consideró la semana pasada que el referido acuerdo de transición como una prueba de complot contra su gobierno, y dijo que Ledezma fue detenido por respaldar ese acuerdo. La Fiscalía General imputó la semana pasada al alcalde opositor de los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir.