“España disputa desde hace tiempo la soberanía británica de Gibraltar, pero desde el 2012”, bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy, “ha incrementado significativamente su presión sobre Gibraltar y su pueblo”.
En los últimos tres años los gibraltareños han sufrido, según el informe, “mayores esperas en la frontera, incursiones marítimas y una retórica inflamada de los ministros españoles sobre su soberanía y sus asuntos económicos”.
El presidente del comité, el diputado conservador Richard Ottaway, tildó de “inaceptable” la conducta española y criticó al ministerio de Exteriores del gobierno, de su mismo partido.
“El comportamiento de España hacia Gibraltar es inaceptable. Nos encontramos ante una situación en la que un aliado de la Unión Europea y la Otan está deliberadamente golpeando la economía de un territorio británico de ultramar”.
“Pero con el ministerio de Relaciones Exteriores tardando tanto en emitir protestas, estamos dando una impresión totalmente equivocada sobre la seriedad con la que el Reino Unido se toma estos temas”, concluyó Ottoway.
El comité lamentó asimismo que el diálogo hispano-británico sobre el Peñón, como también se conoce al territorio, haya estado suspendido en los últimos tres años e instó al Ejecutivo de David Cameron a que explique cómo pretende reanudarlo.
Madrid mantiene un pulso con Londres por la soberanía de este pequeño territorio estratégico de 6 km2 situado en el extremo sur de la Península Ibérica.
España, que cedió el Peñón a Gran Bretaña al término de un conflicto militar en 1713, reivindica la soberanía desde hace décadas.
Desde que el conservador Mariano Rajoy asumió como presidente del gobierno, en diciembre del 2011, el embajador español en Londres ha sido convocado en cuatro ocasiones por el gobierno británico, siempre por este asunto.
Ottoway sugirió que Madrid usa el conflicto para desviar la atención sobre los problemas internos al afirmar: “no tenemos dudas de que los retrasos impuestos por España en la frontera tienen motivos políticos”.
El comité pidió a su gobierno que amenace con llevar el asunto a la Corte Europea de Derchos Humanos y que incremente las protestas y las convocatorias del embajador español, Federico Trillo.
