Según denunció Mirtha Vásquez, abogada de Máxima, la semana pasada, empleados de la firma derribaron los cimientos de una casa que su defendida construía en el territorio en litigio.

La abogada recordó que un tribunal falló a favor de la familia de la campesina, que fue absuelta del delito de usurpación en un juicio contra la minera.

Por su parte, Yanacocha, administrada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, ha precisado que esa decisión no concede ningún derecho de propiedad para los Chaupe, que el proceso judicial no ha terminado y que el terreno les pertenece desde fines de los 90.

Máxima recibió un masivo respaldo en las redes sociales y un centenar de personas hizo un plantón en la puerta de las oficinas de la minera.

Lo que ocurre entre Máxima y Yanacocha no es un hecho aislado ni una novedad en el mayor productor de oro del continente, y en donde campesinos temen que la actividad minera afecte su hábitat.

– Lenta reacción ante el conflicto –

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en Perú, el mayor productor de oro del continente, se detectaron 210 conflictos sociales durante el mes de enero. De estos, 140 casos son socioambientales.

En la Amazonía peruana, un grupo de 400 nativos mantienen ocupados 14 pozos de la petrolera Pluspetrol, exigiendo a la firma compensaciones por el uso de sus tierras, además de acusarla de causar daños ambientales, como contaminar el agua y alimentos.

Pluspetrol dice que atiende las demandas pero pide que se levante la medida de fuerza para conversar. Un delegado del gobierno es mediador en el diálogo.

En tanto, el martes, un frente de Defensa de la localidad de Pichanaqui, en la región de Junín (centro) también convocó a un paro contra Pluspetrol por daño ambiental. La firma rechazó las acusaciones y precisó que la mayoría de asociaciones de esa comunidad se opone a la medida.

“Parece que el gobierno espera a que la situación se agrave para recién reaccionar. Los indígenas han tratado el tema con responsabilidad. La irresponsabilidad es del gobierno por dejar que este tema avance”, dijo Miguel Jugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la AFP.

En recientes negociaciones, el gobierno ha ofrecido US$33 millones de dólares para el desarrollo de la Amazonía. “Soluciones hay. Eso debió haberse dicho antes de que pase todo esto. Ya ocurrió alguna vez con el Baguazo, donde todo se extralimitó y el caso terminó con muertes”, recordó Jugo.

En junio 2009, durante el gobierno del entonces presidente Alan García, un conflicto entre nativos y el gobierno por unos decretos que consideraban pase libre para la explotación de hidrocarburos en sus territorios, terminó con 24 policías y 10 indígenas muertos en la ciudad amazónica de Bagua.

En 2008, Yanacocha tuvo que suspender su proyecto minero Conga, también en Cajamarca, con pobladores que se opusieron a los posibles daños ambientales que este podría causar en sus territorios.

“Hay que reconocer que, en democracia, este tipo de tensiones se resuelven. Demuestran que hay una democracia vibrante, pujante, y eso es importante”, dijo a corresponsales extranjeros el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

-Gremio minero reclama –

Perú espera liderar este año el crecimiento en la región, con una expansión superior al 4% de su PIB, pese a la mala temporada para el precio de las materias primas.

Esto, tras un débil 2014, donde las inversiones mineras cayeron más de un 10%. Para la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SMPE), que agrupa a las principales multinacionales del rubro en Perú, las autoridades ambientales son las responsables, debido a la demora en aprobar los permisos de operación.

Según el presidente del gremio, Carlos Gálvez, el gobierno ha fijado “estándares ambientales utópicos” como condición para dar luz verde las inversiones.

La convivencia entre las comunidades nativas y las actividades de extracción, sigue siendo un tema pendiente en un país que tiene en la minería un importante impulsor de su crecimiento.