Unos 400 indígenas protestaron pacíficamente en la capital hondureña luego de que el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Angel Flores, fuera asesinado la noche del martes por unos desconocidos.
Cuando la manifestación estaba a punto de terminar, y sin que mediara provocación, unos 200 policías lanzaron a los indígenas bombas de gases lacrimógenos y potentes chorros de agua desde una tanqueta.
Los manifestantes se dispersaron pero los policías persiguieron a algunos de ellos hasta a lo largo de un kilómetro, disparando las bombas de gas.
“Venimos a exigir que cesen los asesinatos de defensores de los territorios, como en el caso del Aguán y las amenazas contra nosotros”, dijo el coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Tomás Gómez.
Los indígenas protestaban porque la noche del martes fueron asesinados por encapuchados el presidente del MUCA, José Ángel Flores, de 35 años, y el miembro de esa organización Dionicio George, de 36, en la comunidad de La Confianza, departamento de Colón (noreste).
Dirigentes del MUCA responsabilizaron del crimen a terratenientes de la zona con quienes mantienen una disputa por tierras que empezó en el 2009, y hasta ahora dejó 170 muertos, 150 campesinos y 20 empleados de los latifundistas.
La embajada de Estados Unidos y la Unión Europea exigieron al Gobierno investigar el crimen.
Persecución
Gómez recordó que sufrió un atentado el 9 de octubre pasado, cuando unos desconocidos le dispararon mientras viajaba en su vehículo, el mismo día que a otro dirigente del Copinh le fueron a disparar contra su casa.
También “exigimos que se cancele el proyecto Agua Zarca y más de 50 concesiones otorgadas por el Gobierno para proyectos mineros y de energía en nuestras comunidades”, demandó el dirigente.
El pasado 3 de marzo, fue asesinada por pistoleros la anterior coordinadora del Copinh y dirigente de la etnia lenca, Berta Cáceres, a cuyo favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares.
Cáceres había recibido amenazas por oponerse a la construcción, por parte de la empresa privada Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), de una represa hidroelétrica en el río Gualcarque, dentro del territorio de la etnia lenca.
Seis personas están presas por ese crimen, incluyendo un empleado de DESA, pero Gómez aseguró que el Gobierno pretende ocultar a los autores intelectuales del asesinato, por lo que exigen una comisión internacional investigadora.
