Presidente Joe Biden ordena a agencias federales reforzar medidas anticorrupción

EE. UU. tomará medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y el financiamiento ilícito. Además, la corrupción será unos de los temas de la vicepresidenta Kamala Harris en su viaje a Guatemala y México.

Joe Biden, presidente de EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)
Joe Biden, presidente de EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó este jueves 3 de junio situar la lucha contra la corrupción como uno de los elementos “principales” de su política internacional, al asegurar que “ataca los cimientos de la democracia”.

En un informe publicado este jueves y dirigido a todos los departamentos federales, Biden subraya que su Administración liderará “esfuerzos para promover la buena gobernanza”, “la transparencia” en el sistema financiero tanto en EE. UU. como a nivel global y buscará impedir que “los actores corruptos oculten sus actividades”.

“La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas e impulsa e intensifica el extremismo”, indicó el mandatario.

De este modo, Biden remarcó que su combate “pasa a convertirse en uno de los elementos principales en los intereses de seguridad nacional del país”.

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Entre las directrices marcadas, el informe apunta a identificar y encarar la corrupción en todo el mundo, así como modernizar las herramientas existentes para enfrentar las nuevas tecnologías.

En una llamada telefónica, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que pidió mantener el anonimato, indicó que el objetivo es que todas las agencias federales “refuercen sus esfuerzos” contra la corrupción en todos los ámbitos.

200 días

El Memorando de Estudio de la Seguridad Nacional (NSSM) presentado por Biden dirige una revisión interinstitucional de 200 días que culminará con un informe y recomendaciones sobre cómo el gobierno de EE. UU. y sus socios pueden modernizar, coordinar y dotar de recursos a los esfuerzos para luchar mejor contra la corrupción.

Además, se informó que se dirigen esfuerzos internacionales para “traer transparencia a los sistemas financieros estadounidense e internacionales, incluyendo la reducción del secreto financiero en el extranjero, confiscar activos robados y dificultar que los que roban se escondan tras el anonimato”.

También tomarán nuevas medidas “para exigir cuentas a individuos corruptos, organizaciones criminales transnacionales y otros actores involucrados en actividades ilícitas”, lo que incluye fortalecer y desarrollar sanciones específicas anticorrupción conforme a la Ley Magnitsky y otras herramientas similares.

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“Apuntaremos en especial a confrontar la corrupción que pudre la democracia desde adentro y que los Estados autoritarios usan cada vez más como arma para socavar las instituciones democráticas. Tomaremos medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y el financiamiento ilícito, que contribuyen a la desigualdad de ingresos, financian el terrorismo y generan una influencia extranjera perniciosa”, señala un comunicado del gobierno de EE. UU.

Visita de Harris

Una muestra de su creciente peso es que será uno de los temas de la agenda de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien viajará este fin de semana a Guatemala y a México.

Harris aseguró esta semana que es necesario “tener discusiones muy francas y honestas sobre la necesidad de abordar la corrupción, el crimen y la violencia” en Guatemala.

La visita de Harris es parte de la estrategia de Biden de frenar de raíz la inmigración irregular hacia su país, en especial desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras.

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El Gobierno de Biden ha asegurado que pondrá condiciones a los US$4 mil millones que quiere entregar durante los próximos cuatro años a esos países centroamericanos.

EE. UU. quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las oenegés, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos, para evitar alimentar la corrupción institucional.