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Qué significa la Primera Enmienda para las protestas en los campus universitarios de EE. UU.
Las universidades públicas, como órganos del gobierno, deben someterse a la Primera Enmienda, pero las privadas tienen sus propios estándares y normativas.
Estudiantes exigen que el Instituto Tecnológico de Massachusetts corte sus lazos con Israel en un campamento en el campus del MIT en Cambridge, Massachusetts, el martes 23 de abril de 2024. (Sophie Park/The New York Times)
Con frecuencia los manifestantes de los campus universitarios recurren a la Primera Enmienda para justificar sus tácticas, ya sea que se limiten a mostrar pancartas o que adopten medidas más drásticas, como la instalación de campamentos, la ocupación de edificios o la repetición de consignas que, según los críticos, podrían considerarse antisemitas.
Pero muchos juristas, aunados a abogados y administrativos de universidades, creen que al menos algunas de esas afirmaciones sobre la libertad de expresión confunden, tergiversan, ponen a prueba o incluso se burlan de la enmienda, cuya finalidad es proteger a los ciudadanos contra la represión estatal.
Las interpretaciones y principios que prevalezcan, ya sea en los tribunales o entre las autoridades administrativas encargadas de imponer la disciplina, serán los que determinarán en gran medida si los manifestantes son castigados por los disturbios en el campus.
La Primera Enmienda no aplica de manera automática a las escuelas privadas.
Las universidades públicas, como órganos del gobierno, deben someterse a la Primera Enmienda y a cómo los tribunales interpreten su decreto de que no habrá ninguna ley que “coarte la libertad de expresión” o “el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente”.
Pero las universidades privadas tienen sus propios estándares en torno a la libertad de expresión y las protestas.
Sin duda, las universidades privadas tienden a aceptar la libertad de expresión más que, por ejemplo, las empresas privadas. Sin embargo, esas políticas y criterios se rigen por principios como la libertad académica y el mercado de ideas, no por el derecho constitucional.
La Universidad de Columbia, centro neurálgico de esta ronda de protestas en el campus y escenario de una enorme respuesta policial el martes por la noche, no prohíbe todos los tipos de expresión. Pero su política actual incluye una serie de normas, como las zonas de manifestación permitidas y el registro previo de las protestas, que según la universidad pretenden garantizar la seguridad al tiempo que prometen que “todos los miembros de la comunidad universitaria conserven su derecho a hablar, estudiar, investigar, enseñar y expresar sus propias opiniones”.
Los juristas han afirmado que, aunque el planteamiento de la universidad puede molestar a estudiantes y miembros del profesorado, e incluso puede restringir la libertad de expresión en el campus, Columbia se enfrenta a un riesgo legal mucho menor que el que podría correr cualquier escuela pública.
‘La hora, el lugar y el modo’ son un estándar fundamental.
Los administrativos académicos y los tribunales por igual suelen encontrar consuelo en los marcos de referencia y la noción de “tiempo, lugar y modo” está profundamente arraigada en la jurisprudencia relativa a la libertad de expresión.
Conforme a esa doctrina, a veces los gobiernos pueden regular los detalles logísticos asociados con la libertad de expresión. La doctrina no es un cheque en blanco para que el Estado ejerza su poder sobre la libertad de expresión (por ejemplo, un gobierno debe aplicar las normas sin discriminar un punto de vista), pero permite algunas restricciones en aras de la seguridad y el orden públicos.
Para los líderes universitarios, la doctrina ofrece un tipo de modelo para las políticas de protesta que pueden sobrevivir al escrutinio legal y resistir las reacciones políticas negativas.
“Siempre hemos pensado que el tiempo, el lugar y el modo —aplicados de manera justa, abierta y completamente neutral— son el mejor mecanismo para permitir la protesta y también para garantizar que la protesta no interrumpa la programación y las actividades académicas”, afirmó Nicholas B. Dirks, quien fue rector de la Universidad de California en Berkeley, que tiene una de las tradiciones más ricas de protesta en la educación superior.
Pero, agregó Dirks: “Es más fácil decirlo que hacerlo”.
Otra prueba importante es la ‘acción ilegal inminente’.
Poco después de la Primera Guerra Mundial, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia sobre la Primera Enmienda que incluía la frase “peligro claro y presente”. Unos 50 años después, el tribunal adoptó un criterio centrado en la “acción ilegal inminente”.
Esa prueba es importante para sopesar si, por ejemplo, la Primera Enmienda protege a los ciudadanos que gritan consignas antisemitas. Si la retórica tiene la intención de provocar una “acción ilegal inminente” y es probable que lo haga, no se considera constitucionalmente válida. Pero una consigna que no cumpla cualquier parte de esa norma está protegida, lo que significa que incluso un discurso grotescamente incómodo y desagradable puede no estar sujeto a la disciplina del gobierno.
“La parte difícil es cuando la conducta y la expresión están cerca de la línea”, explicó Timothy J. Heaphy, quien fue fiscal de Estados Unidos durante el gobierno de Obama y después consejero universitario de la Universidad de Virginia.
Algunos comportamientos amenazantes en los campus son ilegales según la ley federal de derechos civiles. Por ejemplo, dos hombres se declararon culpables de utilizar una amenaza de fuerza para intimidar a estudiantes y empleados negros en la Universidad de Misisipi después de colocar una soga alrededor de una estatua de James Meredith, el primer estudiante negro que estudió allí, en 2014. Uno de los hombres fue condenado a prisión.
¿La Primera Enmienda ampara la colocación de campamentos?
Aunque algunos manifestantes universitarios consideran que sus campamentos son un tipo de expresión, los tribunales han sostenido que las restricciones a acampar durante la noche y similares pueden cumplir con la prueba de tiempo, lugar y modo, incluso en propiedad pública.
Por ejemplo, en un fallo de 1984 con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Suprema determinó que el Servicio de Parques Nacionales podía negar una solicitud de los manifestantes para pasar la noche en “tiendas simbólicas” cerca de la Casa Blanca en virtud de su normativa contra la pernoctación en lugares que no estuvieran clasificados como zonas para acampar.
“La normativa que prohíbe pernoctar cumple los requisitos de una restricción razonable de tiempo, lugar o modo de expresión”, escribió el juez Byron White en su opinión.
“La norma es neutra en relación con el mensaje presentado y deja abiertos amplios métodos alternativos para comunicar el mensaje pretendido sobre la difícil situación de las personas sin hogar”, añadió.
Heaphy predijo que un tribunal nunca consideraría una ocupación de edificio como la de esta semana en Columbia como una actividad protegida por la Primera Enmienda.
“Los estudiantes ocuparon el edificio”, dijo. “Eso es conducta. Eso no va a durar”.
¿Las universidades pueden cambiar las políticas?
En general, sí, pero, en el caso de las universidades públicas, sigue aplicando la Primera Enmienda.
De nuevo, las universidades privadas tienen más discrecionalidad.
En la Universidad de Chicago, el presidente Paul Alivisatos señaló esta semana que, aunque los campamentos violan las normas de la escuela, los administrativos “pueden permitir que un campamento permanezca durante un corto tiempo a pesar de las evidentes violaciones de la política”.
Al plantear esa posibilidad, citó ”la importancia de los derechos a la libertad de expresión de nuestros estudiantes” y dijo que “el impacto de un campamento modesto no difiere tanto de una concentración o marcha convencional”.
Pero señaló que la universidad no permitiría que su política fuera desvirtuada e instó a los estudiantes que participaban en el campamento “a que, en su lugar, adopten alguna de las muchas otras herramientas que tienen a su disposición”.
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