Como resultado, agregó, “entre la población civil hay muertos y heridos. Además, ha quedado destruida total o parcialmente la infraestructura industrial, energética, de comunicaciones y transporte, edificios de viviendas, sociales y culturales, incluidos hospitales, guarderías y escuelas“.
El CI es un órgano judicial adscrito antes a la Fiscalía General y ahora dependiente de la Presidencia rusa y que acostumbra a encargarse de los casos más sonados y controvertidos en materia política, penal y criminal.
Según destacó su portavoz, los ataques contra la población civil obligaron a algunos ciudadanos ucranianos y también rusos a abandonar sus lugares de residencia en las regiones de Donetsk y Lugansk (este).
Ambas regiones, de mayoría rusohablante, se han sublevado y han declarado este mes su independencia y el Ejército ucraniano ha lanzado una ofensiva contra los sublevados.
