Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.
La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.
La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.
Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto (PIB) , lo que considera “indispensable” para recuperar el equilibrio fiscal.
Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y el 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible” .
El Gobierno argumenta que, entre el 2008 y el 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.
La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros” .
Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria” que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población” .
En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.
Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.
Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.
Severos recortes del gasto público
Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.
La reforma del “techo de gastos” implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.
Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales (48 mil millones de dólares) en el 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la Presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff (PT, izquierda) , no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.
El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma “desprovista de cualquier matiz y compasión” , que “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables” .
Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.
Su aprobación entrará en vigencia esta misma semana.
La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la corte suprema.
La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos, y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.
La enmienda del “techo de gastos” es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.
Temer bajo presión en todos los frentes
La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Lato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.
El presidente negó tajantemente haber pedido en el 2014 10 millones de reales (4.2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.
Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país “saneado” a quien resulte electo para sucederlo en el 2018.
Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.
Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en el 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños (11,8% de la población activa) .
Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva” de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.
