En una decisión dada el 19 de noviembre del 2012 en La Haya, Holanda, la CIJ fijó nuevos límites marítimos entre Nicaragua y Colombia en el Caribe, y atribuyó a Managua varias decenas de miles de km2 antes bajo control colombiano. Nicaragua había acudido a la CIJ para ese efecto.
Este asunto, que puede envenenar las relaciones bilaterales, fue vivido como un traumatismo por las autoridades colombianas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que el tratado violaba “de manera clara” la Constitución colombiana. Subrayó que la ley fundamental prevé que “toda modificación de las fronteras” debe ser aprobada por el Congreso.
En septiembre último, Colombia incluso recurrió ante su propia justicia contra el Pacto de Bogotá, tratado que prevé el reconocimiento de la competencia de la CIJ para los contenciosos fronterizos.
La CIJ reconoció en el 2012 la soberanía de Colombia sobre las islas e islotes del Caribe reivindicados por Nicaragua, pero algunos de ellos están ahora enclavados en medio de nuevas aguas territoriales de Nicaragua.
El presidente Santos dijo que teme por los derechos de los habitantes de esas islas y que las actividades pesqueras de los habitantes sean cuestionadas por las autoridades nicaragüenses.
