Al son de los mariachis, centenares de manifestantes, principalmente latinos, se congregaron afuera de la Suprema Corte, bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy, dos conservadores cuyos votos son críticos en el caso, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Lo que está en discusión es un conjunto de medidas ejecutivas que Obama firmó a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuese aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero.
Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde 2010, sin prontuarios criminales, y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró la confianza del gobierno en su “argumento legal” y descartó pronosticar un resultado.
“Al revés”
Pero los detractores del presidente lo acusan de haber excedido sus atribuciones, una opinión que pareció ser correspondida por los jueces conservadores en la Corte Suprema.
Kennedy dijo que determinar qué grupo de inmigrantes puede permanecer legalmente en Estados Unidos es una “labor legislativa, no una labor ejecutiva” .
“Es como si el presidente estuviera definiendo la política y el Congreso ejecutándola (…) Eso está al revés”, dijo.
Afuera, algunos hacían una larga fila a la espera de obtener uno de los pocos puestos dentro de la cavernosa sala de mármol, mientras una variopinta multitud de medio millar de personas expresaba su apoyo a las medidas del presidente.
“Sí se puede”, cantaban y portaban pancartas con forma de corazón que leían “Mantengan unidas a las familias”.
Roshell, una joven mexicana de 17 años traída a Alabama (sur) de manera clandestina por sus padres cuando era una bebé, teme diariamente ser deportada. Como Alabama se opone a las medidas, no puede trabajar ni estudiar, pero debe pagar impuestos.
“Hay muchas barreras que no me permiten ir al colegio, no puedo tener una licencia, ni un trabajo”, dijo a la AFP .
La joven podría estar entre los cuatro y cinco millones de inmigrantes clandestinos beneficiados por el plan de Obama.
“Tenemos la autoridad moral. Hoy es el día de justicia”, dijo ante la multitud el senador de origen cubano Bob Menendez antes de entrar a la audiencia.
“Lo querramos o no”
Texas, uno de los estados en disputa con los decretos de Obama, argumenta que el plan le costaría millones de dólares para tramitar permisos de conducir a los indocumentados regularizados en su territorio.
El juez Roberts admitió la posibilidad de Texas de disputar los decretos, y destacó la existencia de un “dilema”, pues ese estado del sur de Estados Unidos podría ser objeto de una demanda del gobierno federal si se negara a tramitar esas licencias.
Sonia Sotomayor, la primera magistrada de origen latino en la Suprema Corte, observó que si Texas es autorizado a demandar al gobierno federal sobre la inmigración, ello abriría la puerta a los estados para desafiar un sin fin de normas federales.
La población de inmigrantes indocumentados está “aquí, lo querramos o no”, dijo.
El tema migratorio es una de las principales banderas de los aspirantes republicanos a las elecciones presidenciales, especialmente del favorito Donald Trump, quien prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los indocumentados.
La decisión de la Corte Suprema, a finales de junio, arribará poco antes de las convenciones de investidura de los dos partidos, hacia las presidenciales de noviembre.
Cámara baja rechaza plan
La Cámara Baja de EE.UU., por iniciativa de la mayoría republicana, rechazó el lunes en el Tribunal Supremo el plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de unos cinco millones de indocumentados.
“No creemos que el Gobierno tenga el poder para poner a estos individuos bajo el estatus de la acción diferida” del plan, afirmó la abogada Erin E. Murphy en nombre de la Cámara, al exponer sus argumentos en apoyo de los 26 estados, liderados por Texas y la mayoría dirigidos por gobernadores republicanos, que bloquean las medidas migratorias de Obama.
Este inusual paso de la Cámara de Representantes coloca al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país con el argumento de que el presidente “no tiene el poder” para escribir las leyes y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según defendió Murphy.
No obstante, la letrada de la Cámara de baja no representa a todos los legisladores, pues las medidas migratorias han recibido el apoyo de 225 miembros demócratas de ese ente legislativo y el Senado, así como un grupo bipartidista de antiguos legisladores, entre los que destaca el exsenador republicano de Indiana Richard Lugar.
La segunda parte de la audiencia estuvo centrada en examinar si Obama se extralimitó o no al proclamar en noviembre de 2014 unas medidas que frenarían la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EE.UU. y de padres indocumentados con hijos con la ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.
Por el contrario, el Gobierno argumentó que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para desafiar las acciones ejecutivas, porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis y no hechos.
Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, la primera hispana en el alto tribunal, pusieron en duda la capacidad de Texas para interponer la demanda y sugirieron que los estados no deberían desafiar los beneficios migratorios, sino las regulaciones que les permiten obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
El juez Stephen Breyer, considerado “centrista” , opinó que el argumento de los estados sobre los daños económicos de las medidas es insuficiente, pues “al fin y al cabo, el dinero es dinero” y esa es una cuestión entre “el Gobierno y los ciudadanos” , que son los que tendrían que pagar posibles sobrecostes.
El dictamen llegará en junio, en plena campaña de elecciones primarias y a pocas semanas de que los partidos demócrata y republicano elijan a sus candidatos para la Casa Blanca en las convenciones nacionales de julio.
Multitud a favor de alivio migratorio
Decenas de familias y activistas se agolparon el lunes frente a la Corte Suprema donde se realizan audiencias orales en las que se determinará la legalidad del alivio migratorio impulsado por el presidente Barack Obama en el 2014.
La activista comunitaria Idalia Flores, quien reside en Chicago, dijo a The Associated Press que millones de personas podrían obtener trabajos con más protecciones y licencias de conducir si el máximo tribunal ratifica la protección de deportación que Obama busca para al menos cuatro millones de inmigrantes no autorizados.
Varios congresistas demócratas se dirigieron a la multitud antes de ingresar al tribunal para escuchar la audiencia.
El senador Bob Menéndez dijo estar convencido de que “hoy comienza el proceso para que se haga justicia. Las familias deben permanecer juntas” .
El acto incluyó presentaciones de un mariachi y un coro universitario, entre otras agrupaciones musicales.
Janet Murguia, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, dijo a AP que decidió acudir a la sede del máximo tribunal porque “hoy es un día histórico para nuestra comunidad” pero admitió preocupación porque el tribunal actualmente sólo cuenta con ocho magistrados tras la muerte reciente de Samuel Alito.
“Sin una corte completa, cómo puede haber justicia completa?” , se preguntó.
El máximo tribunal celebra el lunes audiencias orales para escuchar argumentos de ambas partes y se espera que emita un fallo en junio.
Un total de 26 gobernadores republicanos interpusieron una demanda alegando que Obama carece de autoridad para ordenar un alivio migratorio.
