Partidarios de la medida dijeron que la misma alentaría a más inmigrantes ilegales a pagar impuestos, lo que pudiera generar más de 300 millones de dólares anuales, pero la Junta Estatal de Impuestos dijo que la legislación muy probablemente no tendría efecto en los ingresos estatales.
Trabajadores indocumentados tendrían que solicitar al estado ser parte del programa piloto de cinco años y ajustarse a ciertos requerimientos, como no haber sido convictos de delitos mayores, aprender inglés y haber vivido en California al menos desde el 2008.
A cambio de que los inmigrantes declarasen y pagasen los impuestos que deben, California le pediría al gobierno federal que les colocase en el menor nivel de prioridad en las deportaciones. El programa no sería lanzado si las autoridades federales no lo aceptan.
