El tribunal, que sentenció al acusado en un primer momento a 60 años de cárcel, rebajó a la mitad la condena al entender que el acusado colaboró durante el proceso judicial, confirmó a Efe Yingcheep Atchanont, representante del grupo Ilaw.
Tailandia castiga por difamar, insultar o amenazar al rey, la reina, el príncipe heredero o al regente a través del artículo 112 del código penal, una ley que prevé penas de entre 3 y 15 años por cada uno de estos delitos.
Tras el golpe de Estado perpetrado por los militares en mayo de 2014, la junta castrense puso los casos de lesa majestad bajo jurisdicción de tribunales militares, cuyas sentencias son el doble de severas que las emitidas por cortes civiles, según el grupo de defensa de los derechos humanos iLaw.
Desde la asonada los arrestos por lesa majestad superan el centenar, una cifra que multiplica los casos de la pasada década.
El comité de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la “práctica de condenas extremas” contra los acusados e instó a las autoridades tailandesas a reformar el artículo 112 y a respetar la libertad de expresión.
