Todos son acusados por asesinato y delitos contra deberes de la humanidad por la muerte de 256 pobladores, entre hombres, mujeres y niños, en Rabinal, Baja Verapaz.

Unos veinte testigos y cinco peritos testificaron sobre la masacre en donde se sindica a los ex paramilitares.

En el expediente del MP se señala que el 18 de julio de 1982, militares masacraron a sus víctimas después de haber violado a varias mujeres y torturar a otras.

La Fiscalía cuenta con la declaración de 47 sobrevivientes, además de 158 medios documentales y peritajes, mediante los cuales lograron identificar a las víctimas —análisis de ADN—.

También hay informes militares que contienen la puesta en marcha del plan Victoria 82.

Fueron guías
El MP determinó que los cinco acusados ayudaron, guiaron y brindaron información al Ejército acerca de la ubicación de la aldea para ejecutar su plan contrainsurgente, además de que habrían participado en la masacre.

De acuerdo con la entidad investigadora, la decisión de eliminar esa comunidad fue porque los exPAC proporcionaron información de que los pobladores colaboraban con grupos de guerrilleros que operaban en el sector, además de que se oponían a patrullar.

Sin embargo, se determinó que era población civil.

Según el expediente, ese día —18 de julio de 1982— hubo violaciones, torturas y otros vejámenes contra las víctimas, conforme lo estipulaba el plan Victoria 82, que tenía como objetivo aniquilar a la comunidad del lugar.

La masacre ocurrió durante el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt (1982-1983), y el proceso estuvo detenido durante varios años, debido a la amnistía de que gozaban los militares de la época.

Con información de Hugo Alvarado