Vivar, junto con su cuñado y personas cercanas a él, constituyó las empresas para contratar servicios, como alquiler de tractores y venta de materiales de construcción.

Las firmas son Cofex, inscrita a nombre de Ana Elisa Coloma Gaytán de Amado, esposa del cuñado de Vivar, Leonel Rodrigo Amado Molina; Mac, a nombre de Claudia Suzzette Vela Sagastume, quien supuestamente mantiene una relación sentimental con Amado Molina.

Otra de las empresas es La Roca, cuyo representante legal es Josué Renato de la Roca, esposo de la prima del cuñado del alcalde; Casco y Constructora y Servicios Castillo, a nombre de Adriana del Carmen Castillo Recinos de Coloma, esposa de Antonio Coloma, jefe de Tránsito de la comuna antigüeña y cuñado de Leonel Amado.

Además, entre las empresas figuran Ronatrac, propiedad de Bladimir Alejandro Nájera Cóbar, amigo de Leonel Amado, y por último, la compañía Hunapú Banquetes y Eventos, a nombre de Aurelio Cuy Chávez, la cual se presume que pertenece a la madre de Leonel Amado.

Esta empresa se vio beneficiada con 108 adjudicaciones por venta de refacciones y servicios en “diferentes eventos municipales”, según se consigna en el portal de Guatecompras.

El 10 por ciento

De acuerdo con la denuncia, por todos los contratos Vivar recibía el 10 por ciento de comisión, luego de que los cheques eran cobrados en efectivo por la contadora de Leonel Amado, pese a que salían a nombre de los representantes legales.

Los denunciantes aseguran que tenían una componenda con los jefes de agencia de dos sucursales bancarias para poder cobrar los cheques “no negociables” con un endoso ilegible y después depositar los fondos en 13 cuentas de los beneficiados.

“La Sala concluye que sí existen elementos suficientes para hacerle lugar a la remoción del obstáculo a la persecución penal y, en consecuencia, declarar que ha lugar a la formación de causa en contra de Adolfo Vivar Marroquín en su calidad de alcalde municipal”, reza la resolución.

Al ser consultado, el jefe edil indicó que no ha sido notificado de esa resolución y aseguró que nunca fue citado para brindar su declaración. “No se me ha escuchado ni citado a una audiencia, por lo que no se ha llevado el debido proceso, por lo que se violenta el estado de Derecho”, expresó.