La medida fue decretada en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, con el objetivo de agilizar la atención de los damnificados.

La ampliación se dan vista de que persisten los efectos causados por el temblor.

Con la medida, el Gobierno puede centralizar las acciones, hacer compras sin usar la Ley de Contrataciones, limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas, establecer cordones sanitarios, exigir a particulares auxilio y cooperación y promover el traslado en sitios de alto riesgo.

También puede impedir concentraciones, prohibir espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones, y establecer precios máximos o mínimos para artículos de primera necesidad, aunque estas medidas no están contempladas en el acuerdo.