El Urbanismo y Arquitectura en Guatemala han estado sujetos a una contradicción permanente entre la modernización y la pauperización. Se considera que el urbanismo es un proceso económico y social que se produce en un espacio geográfico, en el cual se dan las inversiones, redes de transporte, aglomeraciones humanas y usos del suelo según las especializaciones. Los sectores económicos y sociales se han ido ubicando dentro de estos espacios geográficos, según su capacidad y han ido creando dinámicas con sus contradicciones en su crecimiento urbano y en su arquitectura. Han creado planes urbanísticos racionalistas de una ciudad. Con la rápida expansión de nuevos centros urbanos y esfuerzos coetáneos de planificación urbana y su fracaso en los proyectos modernizadores, según el modelo urbano, o la des-especialización, des-centralización y la des-urbanización, han ido creando una ciudad informal des-estabilizada.

Así vemos en los discursos políticos de candidatos a alcalde que no llegan a expresar sus intenciones de mejorar las estructuras sociales, políticas y económicas de una sociedad urbana que está viviendo una crisis como nunca había tenido en los últimos años. Según el Banco Mundial, esta debilidad o ausencia del Estado se manifiesta en especial desde los marcos legales, en que funcionarios y diputados negocian comisiones particulares, o hasta la participación accionaria, sacrificando beneficios públicos permanentes: sean regalías, tributos directos, copropiedad estatal y comunitaria. Así, el marco legal ha tenido una aplicación de baja legitimidad social, dejando abierta la puerta a los conflictos dentro de las consultas comunitarias de buena fe, que se resumen en eventos urbanos ad referéndum, como los actos eleccionarios actuales de no realizarse ante la corrupción partidaria existente y que los descubre la Cicig.

Estos conflictos maduraron a través de rumores mafiosos sobre presencia invasiva en los territorios, expectativas falsas de empleo y desarrollos frustrados, temores al despojo, daños, división comunitaria y organización de bandos beligerantes, sabotajes y actos violentos esporádicos planificados. Aunque existen recursos legales, estos son inefectivos en diálogos sin frutos, y una economía a nivel de sobrevivencia dentro de un Gobierno en “Estado terminal”. Y la solución es elevar la calidad del sistema judicial, por ser la clave de su estabilización, apoyándose con la Cicig y tomando medidas excepcionales para recuperar el orden en esta crisis política que el Cacif y Fundesa señalan.

Un ejemplo de este desorden urbano existente está en el transporte público, que se ha vuelto una amenaza para la vida de los que en ellos se transportan. Ante esto, el Estado y la municipalidad han estado sustrayéndose del contenido deliberativo de las comunidades sobre estos problemas, pero sin tomar decisiones. Más aún reciben el rechazo de estas autoridades que no reconocen este conflicto social y otros más tratando de evadirlo junto a varios otros que existen y que los tienen arrinconados.