La igualdad en el acceso al ejercicio del poder político contribuye a reducir la brecha económica y social, y con ello se favorece el desarrollo democrático. A un ser humano sin pan no le interesa saber nada del voto, ni está motivado a prepararse para desempeñar la función pública. El Derecho debe poner especial atención a este tema, pues no es exclusivo de la Filosofía o la Ciencia Política, tampoco de una sola nación; es una cuestión de gran impacto en el mantenimiento de la paz de Centroamérica.

Cada decisión derivada de la administración de la cosa pública afecta a todos, por eso el Estado no es un tema que interesa solamente a los que pueden financiar una campaña política. El propósito esencial del Estado es asegurar el bien común, hacer posible el cumplimiento de los derechos y garantías de todas las personas. La Secretaría General de la OEA (2011) ha señalado que: “Las decisiones que toman los gobiernos afectan el bienestar de grupos e individuos. De ahí que sea lógico que aquellos cuyo bienestar sería afectado por estas decisiones procuren influir en ellas”. La ciudadanía, a propósito del principio democrático de la mayoría, debe tener la posibilidad de organizarse y participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral que asegure la designación de los legítimos representantes de la sociedad, líderes con capacidad y reconocimiento social.

Si el Estado responde a un reducido y exclusivo grupo de personas, la disminución de la brecha económica y social que lastima a la mayoría de los habitantes será un tema periférico. Azpuru y Seligson (2012) recuerdan una verdad que induce a la reflexión: “Diferentes investigaciones han demostrado consistentemente que los altos niveles de desigualdad económica aminoran el crecimiento económico y limitan que se continúe reduciendo la pobreza. En términos sociales, la desigualdad suele ir acompañada de un aumento en el crimen violento”. La elección a cargos públicos debe fundarse en la voluntad soberana de la población, porque es ella la que vive en carne propia los efectos de la desigualdad y, por tanto, la más interesada en superarla.

El Derecho, como instrumento humano para lograr la justicia, está llamado a reformular las reglas de la contienda política. Hay dos temas prioritarios en esto: el financiamiento de los partidos políticos y el fortalecimiento de las entidades electorales para asegurar una competencia cívica en igualdad de condiciones. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de ley con criterios y conceptos novedosos; se plantea un mecanismo interesante de depuración y renovación del liderazgo político si éste no responde al interés de la población, vid. art. 50 (p. 35). Enlace: http://www.tse.org.gt/images/Iniciativas/Iniciativa%20de%20Ley.pdf.

Vale la pena que este texto, resultado de acontecimientos sociales históricos en Guatemala, se conozca en el resto de las naciones centroamericanas e inspire al SICA a desarrollar con diligencia una política estratégica regional focalizada en esta temática, que además de definir claramente las competencias regionales y nacionales, permita la participación de actores no oficiales (stakeholders).