Si en algo se distinguen los políticos guatemaltecos, comparándolos con los de otras latitudes, es que la política no es parte de sus herramientas de trabajo, y al parecer no tienen ni la menor idea de su más profundo concepto, o no les interesa porque son otros sus intereses. De hecho, muchos de quienes actualmente ocupan un puesto de elección popular en el Congreso es claro que han buscado esos cargos para que les sirvan de palanca para formar una red de negocios repudiable.

Pero además de que no parecen comprender el contrasentido que eso implica, encima algunos de ellos están emprendiendo un recorrido bochornoso que lejos de fortalecer la institucionalidad la puede debilitar, y solo están logrando exponer la desvergüenza que los caracteriza. Lejos de asumir una actitud autocrítica, avanzan contra la razón y ahora buscan arremeter contra instancias de justicia que son las que precisamente han puesto en evidencia la irresponsable forma en que se conduce la burocracia.

Un grupo de los mal llamados representantes de la patria, integrante del partido Líder, pretende ahora enderezar un antejuicio en contra de la fiscal general, Thelma Aldana, a quien señalan de haber violado procedimientos por las pesquisas que el Ministerio Público hizo en las instalaciones del Legislativo. Lo cierto es que es una acción burda, que lo que menos pretende es que en este país se cumplan los procesos y más bien intenta amedrentar a las instancias de investigación.

Esas acciones, junto a las que ha protagonizado el diputado Luis Chávez, no pueden más que ser calificadas de desatinos, porque lejos de reconocer los grandes esfuerzos que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala están haciendo para desbaratar a las redes mafiosas incrustadas en el Estado, parecen más bien temer el alcance de la justicia. Por ello es que deben ser rechazadas sus pretensiones, porque son improcedentes y apuntan a reforzar el imperio de un estado mafioso, que se resiste a enderezar el rumbo, y quienes pretenden su defensa son los menos indicados.

La Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dieron un nuevo golpe a la corrupción, al capturar al ex secretario general de la Presidencia y yerno del gobernante Otto Pérez Molina, sindicado de haber participado en otra red de tráfico de influencias que obtiene jugosos dividendos. Un nuevo caso que nada tiene que ver con la desarticulación de La Línea pero que arroja evidencia contundente sobre la podredumbre que corroe las entrañas de la administración pública.

Por ello es que parecen extraviadas las medidas que han emprendido los diputados de Líder, aunque, como siempre, tratan de desvincularse de sus actos, pues con sus medidas legalistas intentan poner a prueba un sistema que ha estado al servicio de las mafias, y deben comprender que las cosas han cambiado.

Los políticos tienen que ser conscientes de que han sido irresponsables e inmorales en su desempeño y que lo mejor que podrían hacer es no entorpecer la labor de quienes están combatiendo la corrupción, porque el país no puede ser sacrificado por un grupo de inescrupulosos.