El Consejo “se creó para la Protección de La Antigua Guatemala, como entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica, fondos privativos y patrimonio propio. Su misión fundamental es: el cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares, situados en aquella ciudad y áreas circundantes”.

Sin embargo, “el 18 de junio del 2010 se reclamó la actitud del Consejo de Conservación por varios sectores de la sociedad civil, empresarial y de la construcción. Se le calificó de inoperante y de ser responsable del atraso de obras. Según vecinos, el aludido Consejo carece de dirección y que las personas que lo integran responden a intereses particulares, y no a los del patrimonio de la ciudad colonial”.

En nuestra visita realizada recientemente junto a un comité profesional ad hoc, se  concluyó que se estaban haciendo obras que no eran las apropiadas estructuralmente, sin amarres horizontales de los cimientos y otros chapuces; o desde el  punto de vista formal, una espantosa restauración del patio principal, fuera totalmente de los cánones de la arquitectura colonial. Estudios recientes de ingenieros estructurales, después de la visita que realizamos al Palacio este año, determinaron que el edificio apenas podría sostener su propio peso. Por lo que el Museo que pretenden también arriesgaría la vida de los que lo visiten.  

¿Sabrá el Ministerio de Cultura y Deportes en el lío en que se ha metido al hacerse responsable, nada menos que de una obra tan delicada en la historia como el Palacio de los Capitanes? Algo que ha estado en la mira de profesionales y  asociaciones tal como son el arquitecto restaurador Rodolfo Asturias por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo; el arquitecto restaurador Alejandro Flores, quien dejó varios planos; la asociación Diego de Porras y Salvemos Antigua, a cargo del arquitecto José María Magaña; el Colegio de Arquitectos y otras más, quienes en un momento estuvieron trabajando conjuntamente. Todo esto enmarcado dentro del decreto 60-69 del Congreso de la República y de los planes reguladores de 1974 y 2003. Realmente el que debió haber inaugurado las obras de restauración es el Consejo de Conservación de la Antigua.