El ministro de Salud, Mariano Rayo, denunció ayer que en esa cartera existen al menos 23 organizaciones paralelas, que están integradas por cientos de personas que aparentemente no hacen más que cobrar, gracias a favores políticos del anterior gobierno.

Lo más indignante de esa revelación es que sean tantas las estructuras de expolio del erario, cuyo único objetivo es estafar al Estado. Cada gobierno ha legado una nueva ola de aprovechados que permanecen mucho después del fin de cada período, a menudo mediante el retorcimiento de legítimos derechos sindicales y la complicidad de líderes vendidos a la ambición.

Lo patético es que tal perversión del servicio cívico no solo llega por empleados de rango medio, sino en este caso por parte del mismo expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes a través de tarjetas y papel membretado personal solicitaban determinadas plazas para ciertas personas a los anteriores ministros; en otras palabras, una práctica de vil clientelismo ante el cual no había control de calidad de personal o evaluación de rendimiento que procediera.

Lamentable, por no decir, vergonzoso, resulta el precedente sentado por quienes estaban obligados a marcar el respeto de los procesos de ley, pero mucho más triste es pensar en la complicidad de sucesivos funcionarios que desde la llanura se desgañitaban en críticas al Gobierno, pero luego, al ser nombrados, resultaron sumisos adláteres.

Esa red de tráfico de influencias llegó a tener tanta desfachatez que resulta probable que muchas de esas personas contratadas no existan en la vida real y que alguien cobrara o recibiera los pagos, una huella sobre la cual las autoridades deberían iniciar investigaciones para establecer la comisión de cualquier delito. También puede darse por seguro que quienes sí existían y ocupaban esas plazas no necesariamente sean indispensables, dada la naturaleza de su nombramiento.

La depuración que se ha iniciado en Salud no solo debe ser mucho más amplia, sino extenderse a otras instituciones que necesitan una profunda revisión en su funcionamiento, la cual debe avanzar en dos vías: una, para esclarecer costos y erogaciones que técnicamente puedan justificarse, y la otra, que debe ser aprovechada para sacudir el aparato estatal para empezar su transformación de acuerdo con las necesidades y las premuras presupuestarias.

Ningún gobierno debería permitir la prolongación de ese modelo, ni mucho menos aprovecharse de él para aviesos y mezquinos propósitos.

Allí entra el gran desafío para el gobierno entrante, que debería estar al tanto de los detalles de la depuración en Salud, con nombres y cantidades, a fin de no llegar a deshacer lo que se avanzó durante esta transición.

Todo esto reabre el debate sobre el monto real que debería tener el Presupuesto General de Gastos de la Nación, pues mientras se sigan desbaratando estructuras mafiosas, esto será el mejor indicador de que existen muchas erogaciones que no están debidamente justificadas y, en consecuencia, le meten ruido a cualquier plan de gastos.