Es imposible saber en estos momentos cuán profunda es la renovación que se está dando. A pesar de que en cuatro meses parece que el rostro de Guatemala ha cambiado mucho y sentimos haber recorrido ya un larguísimo camino, por las consecuencias que los acontecimientos han tenido, apenas si constituyen los primeros pasos de todo lo que falta hacer para depurar y recuperar el Estado. Hay materia para rato y la ciudadanía debe seguir involucrada. Caso contrario, todo puede caer fácilmente en una nueva etapa de acomodamiento.

Un primer aspecto indispensable es que la ciudadanía retome pronto la agenda de #ReformaYa. Una dimensión legislativa ya había sido planteada, a partir de la prioridad de cuatro leyes: LEPP, Servicio Civil, Compras y Contrataciones del Estado, y Seguridad y Justicia. El hecho de que ya no está la presión eleccionaria encima debería permitir que se retomen esas iniciativas para que sean sometidas a un amplio proceso de discusión ciudadana antes de que asuma la nueva legislatura. Es necesario hacerle ajustes para que tengan la fuerza que se requiere y no sean propuestas mediatizadas como la LEPP que emergió del Congreso o incluso del propio TSE. Hay ya mucho trabajo adelantado. Si bien los próximos comicios serán hasta el 2019, la tarea de cambiar las reglas del juego político no se puede posponer si queremos de verdad ver cambios cualitativos dentro de cuatro años.

Otra parte le corresponde hacerla al gobierno provisional, con apoyo ciudadano: Avanzar en la desarticulación y reconfiguración de los mecanismos por medio de los cuales el Ejecutivo cae preso de la corrupción. Son tres funciones claves, de carácter transversal, las que habría que priorizar: La primera tiene que ver con las finanzas públicas y la definición de un esquema de gasto prioritario, que incluya un plan general de adquisiciones de ahora a fin de año. La revisión de contratos y compras en proceso e iniciar con la modificación de procedimientos o instrumentos que sirven para la compra de bienes, insumos y servicios.

La segunda tiene que ver con el recurso humano: realizar una auditoría a la nómina del personal del Estado y comenzar la depuración de la misma. Preparar condiciones para la renegociación de los pactos colectivos. La tercera son los sistemas de control interno de las instituciones; solicitar al Congreso la restauración dentro del presupuesto 2016 de medidas claves para el control del gasto público que fueron eliminadas en el gobierno patriotero; restablecer la interconexión del sistema de inversión pública y el Siaf para mejorar el control sobre el pago de desembolsos de obra pública. La identificación de deuda flotante y otro tipo de anomalías de gestión, antes de que terminen de borrar la evidencia.

Siendo que el trabajo es voluminoso, se podría arrancar en aquellas donde es sabido que se dan las más grandes flagrancias: Mides, MSPAS, CIV, Mingob, Maga, Micude y Fideicomisos. Obviamente, la SAT y Minfin. Onsec, Segeplán juegan un papel central, a la par que tienen que someterse a los mismos procesos. Para ello, se ha de contar con la Contraloría General de Cuentas, en particular, con la nueva unidad conjunta CGC-Cicig.

Finalmente, algo que el gobierno provisional debería priorizar es que el INE retome los procesos del Censo de Población. El Presidente, solicitar de inmediato al Congreso de la República la inclusión del monto para el mismo en el presupuesto 2016. No saber ni cuántos somos ni dónde estamos es la primera de todas las puertas que propicia la corrupción.