La suerte está echada y son inevitables las consecuencias de lo decidido por el presidente Jimmy Morales y anunciado el lunes en forma sin precedentes. No tiene sentido dar manifestaciones de apoyo o de rechazo, por ser ya muy tarde. No recuerdo ningún caso previo en el cual un país de manera unilateral haya abolido una ley del país, aprobada por el Congreso. Esta acción aclaró la falsedad de la afirmación presidencial de estar en contra de Iván Velásquez, no de la Cicig. En su discurso denunció a la entidad como algo ilegal desde cuando estaba dirigida por Castresana y por Dall’Anese, y de extralimitaciones porque su objetivo era contra los cuerpos clandestinos de violaciones a los derechos humanos y no de luchar contra la corrupción. La careta cayó, realmente.

Esta frase se contradijo con otra en la cual aseguró la continuación de los casos de investigación de acciones corruptas de todo tipo, tanto en los casos donde hay acciones de burócratas, como de miembros del sector privado. Las circunstancias, simplemente, no están dadas para el cumplimiento de tal promesa, por muchas razones, pero la principal de ellas es el desasosiego entre quienes han participado en las acciones legales. En un país donde el sistema de justicia es ineficaz, no solo por la corrupción sino por las presiones y amenazas provenientes de todos lados, si quienes han luchado porque haya cambios se sienten abandonados no es necesario ser mago para prever un retroceso total de los avances logrados. No hay duda: es de hecho una victoria para los corruptos.

No tengo idea de cómo reaccionarán las Naciones Unidas, Estados Unidos y los países europeos donantes, pero son altas las posibilidades de un retiro, con lo cual en Guatemala quedan a su suerte quienes se arriesgaron a darle oportunidad de funcionamiento al sistema de justicia. Si esto ocurre, serán los guatemaltecos los damnificados. Ejemplo: el sucio negocio de las medicinas o los acciones del sindicato magisterial, dispuesto a colocarse al servicio de los gobiernos de turno, sin posibilidad de recibir castigo. Hacia afuera, la confrontación abierta contra las instituciones internacionales, sobre todo por la forma de violencia extrañamente apoyada por personas extranjeras y por guatemaltecos llevados al Palacio Nacional para apuntalar la posición presidencial.

No es posible dejar de mencionar los errores de la Cicig, cuyo último comisionado cometió demasiados errores. Pareció olvidar la calidad política de la entidad, sin duda llamada a exigir el cumplimiento de la ley y a hacerlo con especial cuidado. Ya el análisis en frío demuestra la facilidad otorgada a quienes la despreciaban porque iban a salir directamente afectados. Fue una falta total de estratategia, debido a pensar exclusivamente en el tema legal y no en la combinación de legal y político. Peor aún: cuando comenzaron las críticas se olvidó del refrán “del enemigo, el consejo”; es decir, de los consejos implícitos entre quienes critican o atacan. Lejos de eso, se mantuvo tercamente en la misma posición y por ello perdió poco a poco la batalla entre muchos de sus seguidores.

Pero el Gobierno aún no puede sentirse tranquilo. Inició una guerra y parece haber ganado la primera batalla. La decepción y el rechazo próximos a causa de las consecuencias, ahora impredecibles, pueden significar presiones también impredecibles. Otro refrán imposible de olvidar es “los grandotes pegan duro”, pero además esperan el mejor momento para ellos y peor para su adversario. Es infantil olvidar la capacidad de los entes internacionales para tomar medidas, y es irresponsable porque, con seguridad, las principales víctimas serán los ciudadanos. Debido a los cambios profundos, constantes y profundos ocurridos y esperados en las últimas horas, aun es demasiado pronto para analizar con mayor seguridad cuáles serán esas consecuencias. Pero sin duda serán malas.