El manejo de los recursos públicos sin auténticos y efectivos controles se convierte en una verdadera vorágine de trucos, desperdicio y comisiones ilícitas, prácticas que parecen saturar el quehacer de las oficinas públicas y que no ha parado de crecer debido a la falta de una seria Ley de Servicio Civil que detenga las contrataciones de allegados, que se multiplican con cada inicio de gobierno y cuya consecuencia principal es la falta de recursos.

Lo más triste de todo es que este río revuelto  desemboca en un pantano de prácticas vergonzosas y furtivas, al punto de que tales burócratas de temporada pasan a convertirse en una suerte de amenaza para el sistema, pues al final el Estado obtiene nulos beneficios.

En este caos, la calidad de funcionamiento de las instituciones se deteriora: ya sea un hospital, un programa en ejecución o la supervisión de obra pública. Es bien sabido que la concesión de un proyecto tiene un costo añadido por el pago de favores   para quienes deben dar su aprobación.

Ante esta realidad resulta de gran valor la tarea que  ha emprendido la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que con un nivel aceptable de independencia ha logrado asestar certeros golpes a la criminalidad, y por lo tanto bien podrían aportar un poco más en cuanto al desbaratamiento de las estructuras de saqueo de fondos  públicos que se han enquistado en diversas dependencias.

Para facilitarlo, bien haría el Gobierno en darles seguimiento a las palabras expresadas hace pocos días por la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando afirmó que estaban evaluando la conveniencia de solicitar una prórroga de la Cicig en el país, y son precisamente ellos quienes deberían ser los primeros interesados en  ese objetivo, pues  a su vez podrían desvirtuar con esa acción muchos de los señalamientos de poca efectividad en el combate de la corrupción que pesan sobre la actual administración.

Guatemala cuenta con una ley específica que fue aprobada hace apenas  dos años y que permite   combatir el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y otras prácticas que entorpecen el avance del país, una meta para la cual  la Cicig puede convertirse en un poderoso aliado, a fin de sentar las bases de un Estado moderno, actualizado, que pueda hacer frente a las demandas de un entorno mundial cambiante y de un pueblo harto del discurso demagógico y el expolio de sus impuestos.

No hacer el esfuerzo por combatir ese flagelo  se revertirá tarde o temprano contra el país, pues la legislación mundial avanza más aprisa para cortarles espacios a funcionarios que se enriquecen a la sombra del poder.