No existe un solo país institucionalmente funcional y, por lo tanto, con un sólido estado de Derecho, en donde se permita semejante libertinaje. Como reza el dicho popular, no hay almuerzo gratis. Todos los favores recibidos por un político tienen un costo para el país y para la integridad de la gestión pública. Son préstamos que se terminan pagando con intereses leoninos y cuyo impacto directo en los rubros más importantes de inversión, como salud, educación, vivienda e infraestructura, representa el retroceso ya manifiesto en sus indicadores de desarrollo.

Pero intentar cambiar las reglas del juego es como pedir peras al olmo. Debido a que son los propios políticos —la mayoría de ellos futuros candidatos— quienes deberían ponerse la soga al cuello al legislar para transparentar los fondos de los partidos políticos, es obvia la resistencia a levantar semejantes obstáculos a su preciosa libertad de acción.

En esa línea va también la opacidad de la gestión gubernamental en el tema de transferencias, compras sin licitación, fideicomisos y otras acciones que sugieren pago de favores de campaña, privilegios negociados por anticipado y juegos de prestidigitación para disimular irregularidades con la excusa de la urgencia. Pero todo esto se encuentra amparado por un sistema diseñado para ello por una clase política empeñada en su enriquecimiento personal.

La mística, el amor patrio y el idealismo son conceptos añejos, fuertemente vinculados con ideologías que ya se consideran piezas de museo. Hoy los políticos son negociantes de mercado, pero de un mercado de regateo, sobornos y trampas. La transparencia es para los no iniciados, quienes pronto pagan el noviciado con su muerte política. En estas lides solo sobreviven los más capaces de hacer de su capa un sayo, sin rendir cuentas a nadie y ganando espacios a pura zancadilla.

Así, no hay estado de Derecho que resista. Por lo tanto, mencionarlo se reduce a un deseo reprimido por la realidad concreta en la cual transcurre la vida institucional de la nación. Para reformar esta manera de hacer las cosas se requeriría de un compromiso de tal envergadura, que resulta casi imposible concebirlo en las condiciones actuales de la gestión política. Una asamblea legislativa en la cual no exista la posibilidad de transfuguismo, en la cual el soborno sea penado con la defenestración y la cárcel, en la cual el pueblo tenga voz a través de representantes íntegros e irreprochables.

En este contexto ideal, los dineros de “amigos generosos” no tendrían cabida y, por tanto, el imperio de la ley y la responsabilidad institucional tendrían el lugar que corresponde para bien del país y de todos sus habitantes.

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