El evento electoral que alguna vez fue descrito bajo la metáfora de fiesta cívica, se antoja en esta ocasión como algo muy diferente, no porque las personas ya no crean en la democracia, sino porque consideran adecuado hacer cambios estructurales para que las leyes que protegen derechos no se conviertan en la trinchera de personajes que han dejado una estela de corrupción y desencanto.

Recientes casos de abuso de poder, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e incluso la inmoral desfachatez de instrumentalizar a niños desnutridos para agobiar a una funcionaria en una citación legal y encima reírse de ello, han indignado a miles de guatemaltecos que a lo largo de 13 semanas mantienen sus reclamos.

También existe un grupo grande de ciudadanos que seguramente se han dado cuenta de las capturas, los señalamientos a políticos y las solicitudes de antejuicio contra varios funcionarios, diputados e incluso candidatos, pero que a pesar de la creciente cifra de casos aún no se atreven a manifestar en las calles su descontento, ya sea por filiaciones políticas, quizá por temor o por simple indiferencia.

Pese a esas muestras de creciente repudio a la corrupción y en lugar de asumir una actitud de contrición, enmienda o simple obediencia a la ley, todos los personajes relacionados en casos de corrupción han emprendido diversas acciones y señalamientos contra autoridades del sector de justicia, con la pretensión de que estas se intimiden.

Esos políticos rastreros, que desafían a la justicia con burdas acusaciones y que han sido copartícipes del desbarajuste en la administración pública, pretenden, además, que cesen las investigaciones, en una clara demostración de que anteponen sus intereses particulares al cumplimiento de la ley. Son politicastros que por mucho tiempo extendieron sus tentáculos en diversas esferas y niveles de la administración pública, y ahora que han sido evidenciados pretenden venderse como víctimas.

Son preocupantes las acciones orquestadas por líderes políticos que vociferan estar a favor de la justicia y la probidad, pero en cuanto el sistema se aplica a correligionarios y perjudica sus ambiciones comienzan a hablar en contra de los organismos ante los cuales se creían intocables.

Evidencias claras de que no les interesa realmente la consolidación democrática que requiere un saneamiento y una depuración en el servicio público, pero sobre todo coherencia de los dirigentes, sobre todo aquellos que aspiran a cargos de elección.

Ante ese panorama, son claras las razones que hacen poco motivante la actual campaña electoral y las propias elecciones, al punto que ha crecido la exigencia de hacer vinculante el voto nulo, un fenómeno inédito en la historia política del país.

Tampoco ayuda mucho el Congreso, que trata de demorar procesos y reformas sobre las que nadie duda que deberían ser aplicadas en esta misma elección, pero como golpean los intereses de caciques, financistas y traficantes de influencias, corren riesgo de estancarse en bizantinas y maliciosas discusiones.