Empero, su reduccionismo economicista con intereses privatistas explícitos, hace que tajantemente no contemple la construcción de infraestructura en educación, salud y agua, y este es precisamente su principal talón de Aquiles, pues desde la perspectiva del desarrollo sostenible existen interconexiones sistémicas entre lo social, lo económico y lo ambiental, y donde lo político solamente debe ser el ámbito para instrumentalizar las decisiones públicas —corresponsabilidad del Sistema de Consejos de Desarrollo—.

Según la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, nuestro país busca atraer más de US$1 mil 305 millones en inversiones en infraestructura para el desarrollo económico del país. Y para ello, se tiene previsto implementar proyectos como el Puerto logístico Intermodal Tecún Umán II (US$40 millones),  el Tren del Pacífico (US$250 millones), Planta de desechos sólidos en Mancomunidad del Sur (US$75 millones), entre otros que fortalecen la competitividad de ciertos holdings empresariales, pero no crea las condiciones de desarrollo socioeconómico y ambiental —empleos formales, salud incluyente, educación para el trabajo, protección de áreas protegidas, reducción de la pobreza, soberanía de recursos naturales y vivienda digna— y donde el Estado no puede regular al fiambre de capitales endo y exogámicos, las municipalidades concesionan sus bienes y servicios, la ciudadanía es espectadora y consumista de los negocios concertados, y la clase política engulle las arcas del erario nacional.

 Finalmente, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿acaso no es prioritario establecer APP para combatir la desnutrición, la mortalidad materno-infantil, el analfabetismo, la criminalidad y el riesgo a desastres? ¿Cómo armonizar los resultados de los Enades y filantropía privada a procesos de largo aliento con visión democrática y sustentabilidad? ¿Cómo construimos empresarialidad pública municipal para competir más o menos en igualdad de condiciones con el sector privado? ¿Qué más ganan los organismos multilaterales de crédito con las APP? ¿Son las APP una herramienta de la gobernanza corporativa?

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