Al mejor estilo propagandístico del exemperador Vespasiano, de manera abrupta e impersonal la semana pasada recibí el siguiente correo electrónico: “Estimado Franco Martínez Mont: Atentamente me dirijo a usted con el propósito de hacer de su conocimiento que debido a la reducción de espacio en la sección de Opinión se ha decidido prescindir de su colaboración semanal. Su última columna será publicada el martes 1 de diciembre. Aprovecho la oportunidad para expresarle mi agradecimiento por su valioso aporte. Cordialmente. Helen Alvizures, jefa administrativa”, (copy-paste de lo que enviaron a otros colegas columnistas), es así como se da por finalizada mi relación con Prensa Libre.

Los recientes murales políticos de la Usac titulados El Legado e Ideal, sacrificio y justicia se constituyen en expresiones simbólicas de lucha política, de resistencia ideológico-cultural, de reivindicación histórica, y de una lectura crítica sobre la realidad guatemalteca contemporánea.

Recientemente la Cicig planteó la necesidad de crear un impuesto para los grandes patrimonios, con la finalidad de fortalecer la justicia del país, que incluye un incremento gradual de la inversión estatal del actual 1.5% del PIB a un 2.9% en 2023. Obviamente esto ha generado escozor en el ancien régime (republicanismo + neoliberalismo).

El ejercicio histórico de la dominación y de la hegemonía en CA por parte de países industrializados (EE. UU., Unión Europea, Brics y otros), ha mutado a otros estadios de desarrollo del capitalismo global (impregnados del poder inteligente), producto de las correlaciones de fuerza entre los Estados, las transnacionales, los organismos internacionales y las redes de resistencia social en torno a fenómenos interdependientes como la corrupción, la impunidad, el crimen organizado (Estados corporativo-mafiosos), la ‘democracia’ y el ‘desarrollo’.

El Banco de Guatemala (Banguat) y sus tecnócratas afirman que la economía informal es una operación de costo-beneficio de los agentes económicos disidentes del sector formal, cuyo origen se encuentra en los costos de entrada (burocracia engorrosa y precios onerosos), costos de permanencia (pago de impuestos, cumplimiento de normas laborales, regulaciones de salud, medioambiente, pago de salarios mínimos, competencia y tecnificación permanente), educación precaria (cobertura, calidad y educación para el trabajo) e incipiente industrialización.

Trascendiendo las enajenadas frases de “yo ejerzo mi derecho”, “cambiar Guatemala”, “responsabilidad ciudadana” y “yo decido el futuro del país”, creo que en algo estamos de acuerdo: el imprescindible deber de construir una fuerza social crítica y dialéctica, un contrapoder ciudadano que mitigue los excesos de la clase política, empresarial y militar corrupta. Es decir, una sociedad civil que rompa paradigmas y se constituya en el sujeto/actor que cogobierna para favorecer el bienestar común.

Ante la incertidumbre sobre los Gabinetes de Gobierno del partido de la UNE y de FCN-Nación, hoy quiero problematizar sobre la urgente necesidad de que el próximo gobierno cuente con un equipo de tecnócratas y personajes políticos con vocación democrática, con visión estratégica y desarrollista de Estado para las mayorías, con formación académica sin tachas y con experiencia pública comprobada.

Previo a la segunda vuelta electoral y más allá de la parafernalia mercadológica de la clase política (enajenación de conciencias), hemos escudriñado muy poco sobre la coherencia ideológica y los programas de gobierno de Sandra Torres y de Jimmy Morales.

La tragedia del Cambray 2, en Santa Catarina Pinula, ha cobrado la vida hasta el momento de 93 personas —y seguirán aumentando ante las pocas expectativas de vida—, un hecho que enluta a toda Guatemala y una situación que pudo haberse evitado si comprendemos que existen causas estructurales más allá de los chubascos recientes y de las recomendaciones técnicas de desalojo, donde hay responsabilidades compartidas entre el Estado y el sector privado, siendo la ciudadanía un mero espectador, sin posibilidades reales de decidir y escoger, con muchas necesidades y sin opciones de vida digna.

Evidentemente la naturaleza y profundidad de la crisis político-institucional ha menguado por varias razones: esencialismo electorero, violencias ejecutadas por los grupos de poder, precaria concienciación histórica de los sujetos urbanos, efectividad de los dispositivos hegemónicos de las élites y por la recomposición jurídica del Estado.