Ante la incertidumbre sobre los Gabinetes de Gobierno del partido de la UNE y de FCN-Nación, hoy quiero problematizar sobre la urgente necesidad de que el próximo gobierno cuente con un equipo de tecnócratas y personajes políticos con vocación democrática, con visión estratégica y desarrollista de Estado para las mayorías, con formación académica sin tachas y con experiencia pública comprobada.

En esencia, gente con calidad meritocrática para sentar las bases de un servicio civil competente, eficaz y honesto, pues la crisis y los retos de desarrollo del país demandan timoneles de la cosa pública para generar las condiciones (graduales, lamentablemente) de la reforma integral del Estado. Ojo, este proceso es complejo e implica un fuerte contrapoder de los movimientos sociales y populares, ya que son determinantes en la transformación de la realidad política.

La UNE, hasta el momento, cuenta con un grupo de profesionales de la talla de Carlos Barreda, Ricardo Barrientos y René De León Escribano (Economía); Carlos González y Pedro Rosales (Salud); Virgilio Álvarez y Mario Torres (Educación); Ana de Méndez (Desarrollo Social), Carlos Menocal (Seguridad), Haroldo Rodas (Política exterior), Víctor Gudiel (Niñez y Juventud), Julio Melgar (Transparencia), entre otros.

El FCN-Nación no cuenta con cuadros técnicos, más bien se rodea de financistas de campaña, operadores políticos y testaferros como Ricardo Flores Ramírez, Ricardo Bustamante, José Luis Quilo Ayuso, Justino Ovalle, Gregorio López, Alsedes Arias, Javier Hernández, etcétera.

Empero, debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Cómo avanzar hacia la depuración de algunos diputados, jueces y magistrados indeseables? ¿Cuáles son los rasgos no negociables que debe tener un funcionario público de alto nivel, en el marco de la crisis = oportunidad política para la transformación? ¿Cómo marcar distancia entre los financistas y equipo técnico de Gobierno? ¿Cómo garantizamos la instauración/permanencia del gobierno paralelo ciudadano para vigilar, sancionar y castigar los desmanes en el ejercicio del poder público delegado?

A manera de colofón, no debemos perder de vista la apuesta estructural; el próximo gobierno, gane quien gane, debe ser un gobierno provisional, no de transición. Esto significa que está condicionado por la democracia callejera para implantar las bases de la reforma política y del desarrollo económico y social.

Por reforma política me refiero a un Estado con fuerte presencia territorial, con soberanía política, aprobar una LEPP inclusiva y contundente, convocar a una ANC para construir un nuevo pacto social constitucional, donde las consultas populares sean vinculantes penalmente, y con un servicio civil meritocrático.

Por desarrollo social y económico, hago alusión a que el Estado debe favorecer el bien común (regular al mercado), ser un agente económico (empresarialidad pública y nacionalización de bienes estratégicos), aprobar una reforma fiscal integral, cogenerar empleabilidad, aplicar políticas redistributivas, proteger a la economía campesina, y destroncar las prácticas oligopólicas del mercado.

framont@gmail.com