La tragedia del Cambray 2, en Santa Catarina Pinula, ha cobrado la vida hasta el momento de 93 personas —y seguirán aumentando ante las pocas expectativas de vida—, un hecho que enluta a toda Guatemala y una situación que pudo haberse evitado si comprendemos que existen causas estructurales más allá de los chubascos recientes y de las recomendaciones técnicas de desalojo, donde hay responsabilidades compartidas entre el Estado y el sector privado, siendo la ciudadanía un mero espectador, sin posibilidades reales de decidir y escoger, con muchas necesidades y sin opciones de vida digna.

El Estado es victimario de este crimen masivo por su ausencia como entidad para favorecer el bien común, por su baja densidad territorial, por su incapacidad institucional —precaria prevención, protocolos reactivos y falaz mitigación—, por su mezquindad hacia los grupos desposeídos y por el ejercicio sistemático de la violencia.

Un Estado desfinanciado retóricamente, pues sí existe plata para las coimas, saqueo y clientelismo, un aparato público que destina migajas en inversión social, incapaz de regular al mercado inmobiliario, un Estado que privilegia el crecimiento privado y los intereses de las cofradías oligárquicas, un Estado y municipalidades que no cuentan con planes de ordenamiento territorial —ausencia de drenajes—; donde no existe coordinación interinstitucional, con presupuestos irrisorios, con políticas públicas ornamentales, y con una burocracia enajenada y rentista.

El empresariado también es coautor de esta masacre, por las dinámicas de acumulación nacional/global —energía, telecomunicaciones y transporte—, por los nichos de explotación humana y de la tierra, por las actividades económicas del modelo de desarrollo —constructoras y desarrolladores sobreexplotando el uso y capacidad del suelo—; por su alta concentración de la riqueza —incremento de cinturones de pobreza urbana—, por sus impactos degradantes en el medioambiente, recursos naturales y ecosistemas —tala inmoderada, contaminación de cuencas/desvío de ríos—, y por su naturaleza inherente y disponibilidad infinita para reprimir a los pobres —napoleonismo finquero no ilustrado—.

La variable del crecimiento poblacional es transversal al quehacer de ambos actores, una constante histórica que opera paralelamente a la ocurrencia de estos fenómenos, donde un 70% de las causas son atribuidas a los seres humanos, y un 30%, a aspectos puramente naturales.

No obstante, no desacredito el voluntarismo de muchos ciudadanos y la filantropía capitalista de algunas empresas, de hecho la aplaudo y la respeto, aunque son paliativos. Empero, me molesta el oportunismo político de los candidatos, el morbo sobre la nota roja, la fetichización del dolor ajeno y la cultura de violencia afincada en los medios de comunicación, pues no existe una concienciación plena sobre las causas, las determinantes históricas, la complejidad e integralidad de los fenómenos vinculados a la gestión del riesgo de desastres —deslaves/deslizamientos—, donde el epicentro del debate debe ser la honra, el bienestar y la garantía de la vida de todos los guatemaltecos.

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