Evidentemente la naturaleza y profundidad de la crisis político-institucional ha menguado por varias razones: esencialismo electorero, violencias ejecutadas por los grupos de poder, precaria concienciación histórica de los sujetos urbanos, efectividad de los dispositivos hegemónicos de las élites y por la recomposición jurídica del Estado.

El Derecho en Guatemala encarna la invención perversa de carácter positivo liberal al servicio del poder y de la desigualdad social.

Los procesos judiciales en torno a casos como la Línea (Bufete de la Impunidad), IGSS-Pisa, entre otros, dejan entrever cómo el derecho es la expresión concreta de los intereses económicos, necesidades políticas y posicionamientos ideológicos de la clase política rentista (diputados y jueces millonarios corruptos), del empresariado histórico (la Línea 2, donde también están vinculadas multinacionales con la defraudación y el contrabando), de cúpulas militares mafiosas (caso IPM), de capitales emergentes ilícitos (red de trata de migrantes y narcotráfico), y de potencias extranjeras que irrespetan la soberanía nacional (EE. UU. como gendarme y ungido hemisférico para la democracia y el desarrollo), cuyos vericuetos jurídicos y jerga técnica retuercen la moral, enquistan la exclusión (tiburón vs sardina) y cooptan todos los nichos de poder habidos y por haber.

Empero, para interpelar las asimetrías que produce el derecho, debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Cómo avanzar hacia el pluralismo jurídico y político en el país, con un enfoque territorial que trascienda el multiculturalismo neoliberal? ¿Quiénes son los contrapoderes sociales frente a los megabufetes privados nacionales/globales (especie de Ciacs de honoratiores con raigambre profesional “intachable”)? ¿Cuáles son las nuevas relaciones entre la economía, la política y el derecho ante las dinámicas actuales del capitalismo global? ¿Cuáles son las condicionantes geopolíticas para supeditar al Derecho Internacional Privado (transnacionales) ante el Derecho Internacional Público (Estados)? ¿Cómo logramos realmente una independencia judicial (ese republicanismo liberal clásico que no hemos podido desarrollar)?

Por otro lado, en repúblicas bananeras como la nuestra, donde reina la impunidad (capitalismo de amiguetes), el derecho crea un entramado formal de socios estratégicos, tales como una institucionalidad pública y privada gatopardista, políticas públicas de corte gremialista (poca implementación y nula evaluación), presupuestos desfinanciados como el que está por aprobarse para el ejercicio fiscal 2016 (préstamos, eurobonos y recaudación mediocre), y erige una burocracia artesanal, una maquinaria policíaca (jueces y magistrados sin virtudes meritocráticas), sin convicción democrática que operativiza vía bienes y servicios el adueñamiento de la función pública para fines particulares.

A manera de colofón, debemos desmontar el derecho vigente para que favorezca el bien común, recuperando los fundamentos de la sociología y epistemología del derecho para construir un Estado Social y Democrático de Derecho, donde la justicia sea justa.

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