Igualdad ante la ley, presunción de inocencia, debido proceso: términos que de manera creciente se utilizan en redes sociales y medios de comunicación en el más amplio sentido. Hay un aprendizaje colectivo sobre lo que significa la justicia, estimulado por los juicios asociados a la corrupción y a conflictos con empresas extractivas, y ampliado como consecuencia del debate sobre las reformas constitucionales de la justicia. Es parte de un fortalecimiento de la ciudadanía en Guatemala.

Grandes desigualdades económicas y sociales persisten, y existen numerosos ejemplos de desigualdades ante la ley, pero cada vez es mayor la conciencia ciudadana de que es necesario que la igualdad ante la ley sea efectiva. Ello requiere un poder judicial sólido e independiente. Pero hay personas o grupos acostumbrados a controlarlo que persisten en intentos por dominarlo o moldearlo a su conveniencia. Afortunadamente, y como parte de esta creciente conciencia y fiscalización ciudadana, existe un importante rechazo a estas acciones conspirativas que pretenden impedir la independencia del poder judicial y volver al pasado.

Persisten riesgos. Por una parte, los que hasta hace poco eran altos dirigentes políticos, ahora acusados de corrupción, mantienen su intención de debilitar a las autoridades judiciales. Lo ejemplifican las declaraciones de la ex vicepresidenta en contra de la Fiscal. Por otra parte, el descubrimiento del posible involucramiento de individuos asociados a prácticas ilegales en el ámbito empresarial y financiero ha generado incertidumbre entre miembros del sector privado. Los conspiradores que buscan debilitar y moldear al poder judicial a su conveniencia seguramente querrían aliados entre estos.

Pero el fortalecimiento de la conciencia ciudadana acerca de la importancia de la justicia está impidiendo que los conspiradores tengan éxito. Esta conciencia se ha extendido a todos los sectores, incluyendo a sectores políticos, sociales, empresariales, medios de comunicación (no todos) y funcionarios públicos. Guatemala cambió. Es una conciencia que debe fortalecerse, pero los avances continúan.

En el ámbito político el fortalecimiento de la justicia ha tenido efectos grandes e irreversibles: dos partidos (Líder y PP) desaparecieron en cuestión de semanas y existe una nueva generación de jóvenes politizados y con sólidos principios éticos. En el ámbito empresarial los casos sujetos a juicio por corrupción se limitan a un número pequeño de personas, sin mayores consecuencias económicas, pero ello basta para enviar un mensaje claro: hay que mantener la política separada de los negocios.

Desde la perspectiva empresarial la igualdad ante la ley normalmente será fuente de seguridad jurídica y contribuirá a reducir la incertidumbre y los riesgos, lo cual es fundamental para favorecer la inversión, que Guatemala tanto necesita.

Cuando el estado de Derecho no se respeta, las inversiones son menores o se realizan solo cuando pueden asegurar altísimos rendimientos (como a veces ocurre con la minería), para compensar el alto riesgo que surge de la inseguridad jurídica y de la conflictividad. Este tipo de inversión también ha generado juicios, como en el norte de Huehuetenango, que ahora debieran estar sujetos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Un estado de Derecho más sólido, con igualdad ante la ley para todos, debiera contribuir a reducir la conflictividad. Es una perspectiva favorable para las nuevas generaciones de empresarios y trabajadores, así como para los ciudadanos guatemaltecos en general.

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