Al momento de escribir esta columna, todavía no se sabía el resultado de las elecciones primarias del PAN. No obstante, las mismas marcarán el punto de partida del proceso político electoral y como consecuencia provocarán el calentamiento de la campaña, la que después del receso navideño, cobrará nuevos impulsos, mientras discurre (a Dios gracias) el último año del eferregismo.

La semana pasada afirmé en este mismo espacio, que todo apunta a que el General pretende participar en la contienda, habiendo diversos criterios al respecto. Dije ?y sigo creyendo- que la tesis más generalizada es que la Constitución Política de la República, como que dos y dos son cuatro, le niega al General llegar a ocupar la primera magistratura de la nación, aunque se le permitiera lanzar su candidatura, y es que el artículo 186 de la Carta Magna, es tan claro y contundente que no admite argucias interpretativas.

De esa cuenta, su inscripción ha sido rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la CC, siendo ésto avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos eminentes juristas absolutamente solventes en su imparcialidad, respaldaron la inconmovible sentencia de los juristas nacionales.

Ante una situación de tal naturaleza, el mundo de la juridicidad se quedó perplejo cuando el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad en improcedentes declaraciones, se atrevió a decir que como las circunstancias han cambiado, también podría ser otra la situación del General. ¡Valiente ganga!, decía mi abuela, como si la Constitución permitiera el juego de hoy sí, mañana no. Aunque, tejiendo fino, es posible que el ya famoso magistrado haya tomado en cuenta que como en el presente período gubernamental, las leyes han sido violadas muchas veces por los mismos diputados eferregistas, siempre apañadas por el General, pues qué importa una mancha más al tigre. Y es que al magistrado se le ha ido de la mente que él debe actuar como hombre de derecho y no como designado del FRG.

Si bien es cierto que fue seleccionado por los poderes omnímodos del General, ello de ninguna manera compromete al juez a torcer la máxima ley de la República, aparte de que un fallo político destruiría aún más las bases del sistema y le quitaría todo crédito y prestigio al más alto tribunal. Estoy seguro que el magistrado hará valer su ética de jurista, diciéndole a su elector: ?los jueces no debemos agradecer favores?.