Esa angustia también se reflejó en el reciente informe de gobierno que presentó el presidente Otto Pérez Molina a principios de semana, donde afirmó que porcentualmente ha habido una baja en la tendencia de homicidios, lo cual, en términos reales, no es cierto, porque el año cerró con una cifra de muertes violentas que supera en cerca de 200 los registros del 2012, aunque hacía referencia a la tendencia que se marcaba en las estadísticas que arrojaba principalmente el número de muertes violentas en el mes de diciembre.

A final de cuentas, lo verdaderamente relevante no son décimas de diferencia en las tasas, sino establecer una verdadera ruta de descenso en la cauda delictiva, para que el país pueda dejar de pertenecer a ese grupo de naciones del triángulo norte de Centroamérica que, en promedio, sobrepasan los 30 homicidios por cada cien mil habitantes, lo cual contrasta con cifras de países como Chile, donde el mismo indicador alcanza dos por cada cien mil habitantes.

Sin duda, mucho de eso tiene que cambiar, por más de una razón, pero la más ineludible es porque ese fue el argumento base de campaña del partido en el Gobierno, precisamente porque la ola de violencia imperante permitía hacer ese tipo de ofrecimientos, pero cumplida la mitad del mandato las cosas han cambiado muy poco y aún falta mucho para que se logren ver las imágenes de jóvenes y niños caminando con seguridad en las calles y plazas, tal como se evocaba en uno de sus anuncios de campaña, por lo cual este compromiso se convierte en una espada de Damocles sobre esas aspiraciones.

Un detalle relevante es que en los últimos años la asignación de recursos a las tareas de seguridad interna ha sido creciente y, en consecuencia, Gobernación está entre los tres ministerios que cuentan con un presupuesto aceptable, lo cual se refleja en la millonaria compra de armamento, vehículos y la suma constante de nuevos agentes que cada año se incorporan a la Policía, todo lo cual debe redundar en una mayor efectividad, donde el reto empieza precisamente por hacer que esos elementos sean capaces de generar confianza entre los pobladores.

No obstante, tampoco se trata solo de una creciente atmósfera de vigilancia, sino también del funcionamiento del aparato de justicia, así como de la generación de oportunidades de empleo y estudio, sobre todo para miles de jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral del país y que, paradójicamente, constituyen el grupo en el cual hay más capturados y más víctimas de la violencia, síntomas de un sistema que necesita ser transformado desde sus estructuras.