Quizá sea muy tarde cuando la administración de Donald Trump se dé cuenta del grave daño que le ha ocasionado a Guatemala al guardar silencio en torno a las tropelías que el presidente Jimmy Morales ha cometido en contra de la Cicig. La estrategia tejida en torno a la decisión de trasladar la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén ha rendido sus frutos, además de las millonarias sumas de dinero que las elites locales han invertido para cabildear en Washington contra Iván Velásquez. Sabedores de que no habrá consecuencias contra ellos, las mafias aglutinadas en el Pacto de Corruptos avanzan en acciones cada vez más perniciosas. Ahora un grupo de diputados pretende impulsar una iniciativa para excarcelar a exfuncionarios involucrados en casos de corrupción, que favorecería incluso a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El diario El País, de España, publicó un reportaje del periodista Jacobo García, quien señala que Jimmy Morales trasladó la embajada a Jerusalén con el hecho pensado de demoler a la Cicig porque esa jugada lo acercó a Israel y se ganó las simpatías del lobby judío en Washington. Parece paradójica la actitud de Estados Unidos que a la fecha financia el 40 por ciento del presupuesto de la Cicig, por lo que el cabildeo impulsado por el gobierno guatemalteco y el Cacif va dirigido precisamente a socavar ese respaldo financiero. El escritor Francisco Goldman, en un artículo publicado en The New York Times, señala el riesgo de que el consenso bipartidista en la capital norteamericana a favor de la comisión de la ONU esté disminuyendo por esa supuesta falta de interés en lo que pasa en Guatemala. Ese nuevo escenario lo interpretan las estructuras paralelas en el sentido de que pueden operar con toda impunidad.

¿Por qué Estados Unidos estuvo dispuesto a dar un alto porcentaje del financiamiento de la Cicig? La propia Nikki Haley, embajadora de la Casa Blanca en la ONU, pareció dar respuesta al señalar recientemente: “La corrupción estimula las revoluciones, permite la existencia de grupos extremistas y alimenta guerras civiles. Combatir la corrupción no solo se trata de buena gobernanza, sino de mantener la paz y la seguridad”. No solo eso, sino de potenciar la política antinarcótica estadounidense, sobre todo en un país que es clave en el trasiego del narcotráfico hacia la unión americana. Sin embargo, se contentan con la embajada guatemalteca en Jerusalén y cierran los ojos en lo que pasa aquí. Haley no ve el grave riesgo que hay en dar alas a una administración corrupta e impune como la del presidente Morales. A la larga lo que está permitiendo Washington es voltear la cara ante las mafias del crimen organizado que hay detrás del gobierno guatemalteco.

La más reciente muestra del desprecio que Jimmy Morales tiene por la lucha contra la corrupción la dio su embajador en Uruguay, Antonio Arenales Forno, quien en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la Cicig ya no debe jugar un papel de liderazgo en el combate anticorrupción. Entonces, no solo se trata de romper el orden constitucional al no permitir el ingreso al país de Iván Velásquez, pese al fallo de la Corte de Constitucionalidad, sino de maniatar a la Cicig para que sea inoperante. Ese mensaje llega oportuno para los planes proimpunidad de los diputados. Por eso, además de la iniciativa de permitir que los diputados tránsfugas puedan participar en las próximas elecciones y modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, se agrega la propuesta de limitar la prisión preventiva, cuyo objetivo es favorecer a implicados en casos de corrupción. Si se aprobara tal reforma también podrían salir libres las personas mayores de 70 años, como Pérez Molina. Como se ve, la consigna es atásquense ahora que hay lodo.

@hshetemul