Decía hace pocos días el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, que apreciaba los gestos de simpatía de los guatemaltecos por los logros que junto al Ministerio Público se han obtenido en la lucha contra la corrupción, pero que lo que se había descubierto no era nada comparado con lo enraizado que está ese flagelo en las estructuras del Estado, cuya erradicación requerirá muchos esfuerzos y recursos.

Nada más cierto, porque fácilmente se comprueba cómo en distintas instituciones esa puede ser una tarea casi imposible de llevar a feliz término si no se apoya plenamente ese esfuerzo.

Viene al caso este preámbulo por la sacudida que ayer le dio el Tribunal Supremo Electoral al escenario político, al fallar que 16 diputados electos o reelectos no son idóneos para ocupar esos cargos y, por lo tanto, no les dará posesión de los mismos.

La primera lectura que se debe hacer de esta decisión es que el sistema todavía está lejos del saneamiento, y que resultará difícil la tarea de depuración. Esto, porque el número de diputados vetados es elevado, pero también porque casi todos comparten irregularidades que hacen recomendable que no asuman sus cargos el próximo 14 de enero, pero también porque las sindicaciones no son nuevas, algunos enriqueciéndose a la sombra del poder. Por otra parte, los partidos políticos aún no arreglan los procesos que han hecho posibles tales candidaturas.

Por otro lado, es penosamente notorio que muchos de los sustitutos también arrastran señalamientos que incluso podrían conducir, en determinado tiempo, a posibles solicitudes de retiro de inmunidad. Claramente se ratifica que no solo es largo el trayecto, sino que requerirá de mucha valentía para emprender acciones como las que finalmente asumieron las autoridades del TSE, que a su vez reaccionaron ante presiones sociales que venían desde las sucesivas manifestaciones pacíficas.

En el caso de 12 de los 16 rechazados, la necesidad de esta decisión es obvia, debido a que son sujetos de pesquisas por graves sospechas de haber incurrido en hechos ilícitos. Varios de ellos han interpuesto recursos legales para retrasar los procesos o recusar a los jueces, pero ninguno ha sido declarado con lugar, lo que ya crea claros precedentes para otros políticos. Paradójicamente, ahora que el Tribunal Supremo Electoral los despoja del derecho de asumir una curul, volverán a interponer acciones en el Organismo Judicial, que es precisamente el que los investiga.

A raíz de las manifestaciones populares y las constantes exigencias de probidad por medio de las pujantes redes sociales, es evidente que la calidad ética y la coherencia de palabras, hechos y trayectorias se han convertido en importantes criterios para la ciudadanía, que ha trastocado la inercia y el temor, por una actitud de constante fiscalización y no solo hacia el Congreso, sino también hacia los jueces que tendrán a su cargo resolver las anunciadas apelaciones que harán los afectados por la decisión del TSE. Un cuadro que nos recuerda lo difícil y azaroso que será el combate de la corrupción.