Solo en lo que va del año se han efectuado tres mil 81 requisas en las cárceles guatemaltecas, las cuales han permitido la incautación de tres mil cincuenta y nueve celulares, más dos mil baterías y un número similar de chips, lo cual constituye todo un registro de lo vergonzosa que es la situación de la seguridad en los penales del país y de la floja disciplina por parte de las autoridades que permiten un abuso reiterado por los privados de libertad y de quienes tienen la obligación de evitar esas fechorías.

En cualquier administración medianamente decente, el escarmiento habría llegado desde hace tiempo a las más altas autoridades, porque resulta inconcebible que en cualquier prisión nacional puedan ingresar celulares y accesorios de comunicación con tanta frecuencia y en cantidades tan exageradas, porque eso implica que lejos de tener autoridades que vigilen a los privados de libertad, tanto guardias como superiores resultan viles cómplices.

Lejos de eso, las autoridades insisten en la contratación de servicios que ya en el pasado le han costado millonarias cifras al Estado sin que se obtengan resultados satisfactorios, lo cual solo implica continuar malbaratando los recursos en estériles programas cuando es obvio que mucho del cáncer que carcome el sistema carcelario del país se encuentra en quienes tienen a su cargo la tarea de cuidar que esos maleantes no reciban esas herramientas que solo conllevan a que continúen extorsionando a ciudadanos honrados.

Hay que recordar que esas acciones de las fuerzas de seguridad en los penales tienen costos muy elevados como para que se realicen con tanta frecuencia y con tan repetidos hallazgos, que preocupan porque los centros de detención se han convertido en guaridas perfectas para acrecentar actividades criminales como la extorsión, la cual incluso ha rebasado las fronteras nacionales para amedrentar a miles de ciudadanos que se ven forzados a mantener un negocio ilícito que mueve miles de millones al año.

Si bien las requisas se han vuelto un mal necesario, lo urgente es que las autoridades emprendan acciones más certeras para cortar los nexos entre los malhechores y la población, pero también se debe trabajar en la implementación de equipos más responsables para efectuar ese trabajo, y eso debe empezar con la renovación de las principales autoridades del Sistema Penitenciario, ya que hasta ahora las cifras de las incautaciones evidencian un fracaso del modelo y de quienes deben evitar ese flagelo, que es por donde, además, debiera empezar la tarea de depuración.