La bomba hecha explotar desde lejos dentro de un autobús extraurbano, con cauda de un muerto y 15 heridos, constituye un nuevo acto de terrorismo que perpetra el crimen organizado en maras. Es una acción escalofriante que además implica otra clara confrontación con las autoridades, porque conlleva el uso del tipo de tecnología empleado por organizaciones internacionales de terroristas, sobre todo en el convulso Oriente Medio.

Un hecho se convierte en terrorista cuando, como es el caso comentado hoy, la acción criminal es planificada y dirigida a cualquier persona o grupo, sin distinción ni escogencia previa. Las víctimas no pueden ser más inocentes, y revuelve la justificada indignación nacional de que entre estas se cuenta una pareja que se disponía a celebrar el primer cumpleaños de su bebé, y que cuatro miembros de una familia se encuentran ahora hospitalizados con quemaduras de gravedad.

La mayor preocupación por el caso radica precisamente en el uso de la tecnología, que ahora se encuentra a disposición de una delincuencia decidida a desafiar a las autoridades, cuya capacidad queda en desventaja ante ese tipo de acciones brutales. Ayer se produjo otro ataque igualmente desalmado, en la zona 6, y también fue atribuido a integrantes de la Mara 18, lo que pone en perspectiva la gravedad de la situación a la que se enfrentan las autoridades.

Es importante señalar que en Guatemala los términos terrorismo y terroristas han sido aplicados de manera incorrecta. Así como en la guerra interna no todas las acciones violentas fueron terroristas, tampoco en la actualidad lo es la totalidad de hechos cometidos por la delincuencia organizada. Pero esta vez la palabra es aplicable, porque su fin es infundir terror con actos violentos e indiscriminados, para crear alarma social.

Debido a ello se debe buscar en el andamiaje legal la manera más dura de castigar estos actos de terrorismo. A causa de ser innegable la posibilidad de la repetición de este tipo de ataques, es un hecho que se impone la discusión basada en la realidad de temas como la aplicación de la máxima sentencia para quienes sean encontrados culpables de esas acciones. Es una decisión ciertamente muy difícil y que provocará discusiones de toda clase, pero la sociedad guatemalteca tiene el derecho de defenderse y desembarazarse de individuos que con sus hechos demuestran la peor vileza humana, de recuperación imposible.

Lo ocurrido en el autobús demuestra que la delincuencia organizada, en este caso pandilleros, ha llegado a un nivel de arrogancia derivado del convencimiento de que sus actos pueden quedar sin castigo. La matanza de choferes es una vergüenza nacional, pero el agregado de que ahora ser pasajero también signifique estar a merced de los terroristas constituye otra prueba de que el país se acerca a una ingobernabilidad que es también insuflada por la burla a la ley en la integración de las instituciones jurídicas.

La gravedad de la situación implica que estos desalmados pueden cometer cualquier acto de barbarie cuando les fallan los mecanismos habituales para extorsionar a los transportistas.