A pocas personas puede sorprenderles que sea positivo para el gobierno actual el informe presentado por la Comisión para la Transparencia y el Combate de la Corrupción, coordinado por la Vicepresidencia de la República, según el cual el desempeño de los ministerios es casi 80 por ciento positivo, y en el caso de las secretarías, se alcanza 62.5 por ciento, cifras puestas en duda o refutadas por organizaciones civiles independientes.

Esto se debe, en especial, a que quienes trabajan en el Gobierno, especialmente en sus más altos niveles, tienen la tendencia a calificar de positivas todas las decisiones y acciones de un régimen, y cuando admiten errores, no solo lo hacen con reticencia, sino en general se trata de asuntos de poca importancia.

Las materias en que el régimen encabezado por Álvaro Colom tiene las peores notas están relacionadas entre sí. Se trata de la transparencia y la información acerca de todo lo relativo a las actividades, decisiones, costos, número de personal y listados de quienes se benefician con programas oficiales, como es el caso de Mi Familia Progresa, entre otros muchos ejemplos.

El caso de la falta de esta información es especialmente preocupante porque en abril de este año entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que no ha tenido los efectos positivos deseados, a causa de que simplemente hay una negativa oficial a acatarla.

Igual sucede con muchas de las organizaciones no gubernamentales que administran fondos del erario. La falta de transparencia se manifiesta, además, en el desempeño de muchas de las municipalidades de todo el país. La comuna capitalina es un claro ejemplo, con la decisión tomada hace algún tiempo y consistente en organizar fideicomisos para el manejo de los fondos y así escapar del alcance de las entidades gubernativas de control de gastos.

Se ha empezado a aplicar el absurdo criterio de que informaciones sobre el número de empleados municipales y sus sueldos son calificadas como un secreto que nadie puede saber. Y se puede decir, en pocas palabras, que como siempre ocurre, la efectividad de una ley va en relación directa con la seriedad y solidez del sistema jurídico, lo cual no existe en el país, y de la voluntad de los encargados de administrar la justicia para que este no provoque desmotivación en los ciudadanos, debido a fallos explicables solo con la corrupción y el tráfico de influencias.

Esas son algunas de las razones por las que al escuchar el resultado del trabajo efectuado con los auspicios de la Vicepresidencia no se puede menos que lamentar ese esfuerzo de autoengaño realizado por el Gobierno.

Si la autoevaluación mencionada se hubiera efectuado con la idea de buscar información útil para enderezar el rumbo, el resultado hubiera sido útil. Pero al obtener semejante efecto, queda claro que el fruto será aún peor que no haberla realizado, pues cimienta el equivocado criterio de que el Gobierno está haciendo bien su tarea, por lo cual no tiene motivo para cambiar.

Frases del día

“Se contradice lo que los acuerdos proponen y lo que la realidad muestra; no podemos hablar de cumplimiento de esa agenda, si los índices de pobreza no disminuyen y los indicadores de desarrollo no avanzan”.

EDUARDO DE LEÓN,Activista
acerca del cumplimiento de Los Acuerdos de Paz.