Durante las últimas dos semanas, la voz de los indígenas se ha hecho escuchar nuevamente, y los medios de comunicación se han visto forzados a cubrir, por su importancia noticiosa, una lucha que regularmente está condenada al silencio informativo.

El proyecto de Ley presentado por la CONIC al Congreso de la República, el enjuiciamiento de una joven akateca en EU, la aprobación de la Ley de Difusión y Promoción de la No Discriminación, un Acuerdo Ministerial que limita el ejercicio de la espiritualidad indígena y la celebración del Tercer Congreso Nacional de Educación Maya han sido noticia destacada en la prensa y en la radio.

Según el estudio ?Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca a través de sus discursos?, coordinado por Gustavo Berganza, menos del 5% de las notas periodísticas de los medios de comunicación corresponden al tema indígena, a pesar de que atañen a la mitad de la población.

?Lo que denota este divorcio entre la realidad mediática y los datos demográficos es el predominio de una ideología que tiende a considerar a todos los guatemaltecos como pertenecientes a un grupo homogéneo en términos etnoculturales?, sostiene el estudio citado.

En mi opinión, la anterior conclusión se queda corta, pues la pobre cobertura noticiosa sobre los indígenas responde, también, a una concepción racista de nuestra patria que, consciente o inconscientemente, ignora u oculta una realidad multiétnica y pluricultural que salta a la vista por todos lados. Baste citar, como ejemplo, el artículo publicado recientemente por Ana María Rodas, en el que sostiene que -por decisión de los editores- solamente ?la gente bonita? (rubia, acomodada y urbana) aparece en los suplementos sociales de moda que, con fotos a todo color, muestra como se divierten los juniors en la Zona Viva.

Tras varios años de relativo silencio, desde el resultado adverso de la última Consulta Popular, el movimiento indígena comienza a expresar públicamente sus demandas, después de incipientes procesos de recomposición organizativa en el ámbito comunitario, que aún no se expresan suficientemente en la política nacional.

La multitudinaria marcha campesina de la semana pasada sirvió de marco para que la CONIC presentara al Legislativo una propuesta de Ley, con el fin de normar los derechos de los indígenas, tal como lo estipula el artículo 70 constitucional. Más allá del acierto o no de algunos de sus artículos, esta iniciativa legislativa deberá ser sometida a un amplio proceso de consulta, tal como lo norma nuestra Carta Magna y el Convenio 169 de la OIT.

Ignorar este obligado proceso consultivo es lo que ha provocado el rechazo de diferentes organizaciones indígenas a la recién aprobada Ley de Difusión y Promoción de la No Discriminación, lo cual le resta legitimidad y da pie a recursos de inconstitucionalidad.

Más grave aún es el craso error cometido en el Ministerio de Cultura, al emitirse un Acuerdo Ministerial que obliga a los guías espirituales indígenas, o ajq´ijab´, a utilizar un carné para ingresar a los sitios sagrados que se encuentran bajo la jurisdicción de esa cartera.

No sólo se trata de un miopía política, sino de una normativa sin validez, por violar la libertad de culto y de libre locomoción, garantizadas constitucionalmente; además, tipifica un acto de discriminación. A pesar de las voces de protesta de los dirigentes y dignidades mayas, el Ministerio se obstina en limitarle el ingreso a los dueños primigenios de los lugares sagrados.

Durante el Tercer Congreso Nacional De Educación Maya, los indígenas concluyeron en la necesidad de formular un pensum unificado de educación mayanse en todos los niveles, y de constituir la universidad maya. Reclaman así, el derecho a definir los contenidos de su propia educación, libertad que se les ha negado al imponerles los temas sustantivos y la castellanización.

Desde San Miguel Acatán, se ha alzado la voz de apoyo de los paisanos de Petrona Tomás Tomás, conocida como Eulalia Miguel, quien será juzgada en Palm Beach, Miami, EU, acusada de dar muerte a su hija recién nacida. En una carta dirigida al Presidente Portillo, 27 organizaciones demandan que sea trasladada a Guatemala, para ser juzgada por el sistema legal del pueblo akateco.

Lastimosamente, las autoridades siguen con la centenaria práctica de ignorar los reclamos indígenas. La historia sigue demostrando que, para ser oídos, los primeros guatemaltecos deben aunar a su voz la fuerza de su movilización social.