Aclaro que no estoy de acuerdo con la norma que establece esa restricción a la propaganda electoral. Mucho se habla en nuestro país en contra de que los partidos políticos se convierten en simples “vehículos electorales”, pero creo que el sistema está diseñado con incentivos que apuntan en esa dirección, siendo uno de los principales precisamente esta restricción.

Habiendo dicho eso, considero que la ley —nos guste o no— se debe cumplir y que, en todo caso, si uno no está de acuerdo con alguna —como por ejemplo mi postura en este caso particular— lo que uno debe hacer es trabajar para cambiarla, pero mientras esta esté vigente, debe cumplirla.

Bajo esa perspectiva aplaudo la decisión de los magistrados del TSE de entrarle de frente a este tema que ha sido uno de los más criticados en los procesos electorales. El argumento ha sido muy simple: si los políticos ni cuando están en campaña respetan ni cumplen la ley, ¿qué se puede esperar de ellos cuando ejerzan el poder? (La respuesta, por cierto, la podemos ver claramente en cada una de las administraciones recientes).

Los tribunales anteriores dijeron que no contaban con los instrumentos para hacer valer esta prohibición y se limitaron a imponer las ridículas multas que la ley establece, mismas que en su mayoría los partidos todavía no han pagado porque las han apelado y están detenidas en el limbo de nuestro sistema judicial.

Los nuevos magistrados decidieron tomar el toro por los cuernos y amenazan con suspender a los partidos políticos que no acaten la prohibición. De su valentía para hacer realidad esas amenazas depende ahora el futuro de los procesos electorales de Guatemala.

Si los magistrados no tienen la suficiente determinación para aplicarla a cabalidad, indistintamente de qué partido se trate, así sea el partido oficial o los que supuestamente lideran la contienda, su credibilidad se desplomará. Le pasará exactamente lo mismo que a los tribunales anteriores a quienes los partidos políticos se han dado el lujo de menospreciar y casi decirles que les pongan las multas que quieran, que ellos seguirán irrespetándolos a ellos y a la ley, ¿y qué?

Ello equivaldría a asestarle un golpe mortal a los procesos electorales, ya que el principal activo de un tribunal electoral en cualquier parte del mundo es su credibilidad, es decir, que ciudadanos confíen en que van a actuar apegados a la ley, sin favorecer a ninguno de los contendientes.

Espero que los magistrados se mantengan firmes en esta decisión que han tomado y estén dispuestos a sostenerla hasta las últimas consecuencias. Si así lo hacen, de seguro contarán con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía honrada.