Con el inicio de la audiencia de primera declaración en la investigación que se sigue en contra de Édgar Barquín, a quien el Ministerio Público acusa de ser cómplice de una red de lavado de dinero, se da un nuevo paso en la búsqueda de combatir la impunidad en delitos de cuello blanco, que ha sido un coto en el que estos indicadores son decepcionantemente altos. Esto, a su vez, evidencia que por décadas ha existido un tráfico de influencias que afecta todas las estructuras del Estado.

El caso es relevante porque, según las escuchas que el ente investigador presentó ayer, quedan al desnudo los diálogos en que se concreta un perverso sistema de favores sobre el cual siempre han existido sospechas del involucramiento de figuras de alto nivel, pero hasta ahora todo quedaba en simples rumores o presunciones.

Aunque permanece el principio de presunción de inocencia, las evidencias de audio son indicio suficiente para ligar a proceso al encartado, excandidato a la Vicepresidencia, cuya vinculación con la red fue uno de los tantos golpes que dejaron al partido que lo postulaba fuera de la contienda presidencial.

Precisamente, el tráfico de dinero sucio en campañas políticas ha sido uno de los vergonzosos secretos a voces que empañan y distorsionan al sistema democrático guatemalteco. Hasta ahora era casi nula cualquier investigación contra un político, debido a que, desde el Congreso, el Ejecutivo y aun a nivel del Organismo Judicial existían encargados de borrar evidencias y sobreseer causas.

La buena noticia es que no solo es un ex vicepresidenciable quien se encuentra en el banquillo de los acusados, sino son varios los políticos que están bajo investigación del MP y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Precisamente ayer, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el proceso de antejuicio contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi, a quien se sindica de haber creado plazas fantasmas en ese organismo del Estado, lo que implica que en pocos días puede estar también frente a un juez y a las puertas de una prisión.

En circunstancias parecidas se encuentra Godofredo Rivera, otro expresidente del Congreso acusado de tráfico de influencias, caso que fue denunciado por una exmagistrada en el 2014 y que prácticamente fue la génesis de todo un movimiento de repudio a las componendas políticas.

La Corte de Constitucionalidad le denegó a Rivera un amparo solicitado por una supuesta violación a sus derechos. Estos dos diputados pasan a alargar la fila de congresistas que enfrentan investigación por diversos actos ilícitos, varios de los cuales lograron la reelección y contra quienes diversos sectores civiles piden que no se les dé posesión, por carecer de idoneidad para ejercer como representantes del pueblo.

Tales casos representan una vergüenza para el sistema político, pero también una oportunidad de sentar precedentes. La ciudadanía está cansada de candidatos que se coluden con financistas a quienes después deben pagar favores. Por suerte, poco a poco el trabajo de la Cicig, el MP y la presión popular va cortando los hilos que maniatan a la justicia y a la democracia.