Empero, la consulta debe comprenderse como un fenómeno social que evidencia las siguientes contradicciones: a) unas ciudadanías y nacionalidades vivientes y reivindicativas que nunca se han sentido parte de España; b) una demostración del poder social y popular ante un Estado incapaz de generar desarrollo, de cumplir con la ley y de hacer inclusiva a la democracia aparente; c) una intencionalidad marcada de las oligarquías catalanas de rentabilizar su riqueza sin la intermediación de un Estado atascado en cuanto al comercio exterior, y además que capta la fiscalidad/tributación sin crear valor público (bienes y servicios de calidad), d) una crítica transformativa ante la prevalencia de la partidocracia      —corrupción galopante del Partido Popular— por el bienestar común; e) el descontento popular ante la crisis económica española de 2008-2014, y por el elevado déficit público de las administraciones autonómicas y municipales; y f) la inaceptación de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular hacia el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

No obstante, en el caso guatemalteco debemos retomar esas lecciones aprendidas de Cataluña, en cuanto a la refundación de un movimiento social —evitar la atomización por caprichos caciquistas—, que sea inclusivo con las organizaciones de base comunitaria, con aquellas redes anónimas de poder popular, para que se rompa con las autorrepresentaciones oenegeras y con los prestigios individuales de “honorabilidad” social y académica, pero carentes de anclaje a un movimiento que los respalde.

En otras palabras, urgentemente debemos reavivar esas ciudadanías indómitas (auditoría social, pero también participación política), que  demanden con una propuesta enérgica al Estado hacer efectivos los Acuerdos de Paz, pues allí se encuentra lo relativo a la reforma fiscal, constitucional y electoral, la apuesta por la descentralización y el municipalismo, los derechos de los pueblos indígenas, el uso y tenencia de la tierra, el carácter democrático de la seguridad y civilidad del poder; donde no hay que inventar más, sino hacer realidad lo ya pactado y legislado.

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