Guatemala está suscrita a la Convención de los Derechos del Niño desde 1990. Ver decreto 27-90 del Congreso de la República. En mi opinión, estos derechos parecen que no tienen sentido para los guatemaltecos porque nuestros indicadores sociales, a pesar de los avances, siguen siendo los más bajos de la región. En Centroamérica, Guatemala es el país que menos invierte en su niñez y juventud. Seguimos con las tasas más altas en desnutrición, mortalidad materno infantil, deserción escolar, violencia, abuso sexual y maltrato.

Desde el martes 29 de septiembre ha circulado en los medios de prensa un llamado del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (Unicef). Va dirigido a los candidatos presidenciales, a los partidos políticos, a los legisladores y especialmente a la sociedad civil. El llamado manifesta su preocupación por los “serios recortes a la inversión social”, presentados en la discusión del Presupuesto Nacional del 2016. Solicita que se busquen soluciones, ya que por ningún motivo esos recursos deben reducirse.

El comunicado termina con una alarmante cita de Christian Skoog, representante de Unicef en Guatemala: “La conquista social de los derechos humanos en general y de los derechos de la niñez en particular, a la vida, a una vida digna, salud, nutrición, educación y protección contra todo tipo de abuso, maltrato o violencia, están hoy en peligro. Las autoridades nacionales y la sociedad guatemalteca deben actuar con urgencia para evitar una catástrofe social”.

Durante estos días he meditado sobre cómo podemos actuar con urgencia para evitar que esta catástrofe social ocurra. Cuando escuché por la radio las declaraciones de los mareros que se vanagloriaban de haber matado a uno de sus enemigos en las Torres de los Tribunales, el miércoles pasado, con horror me di cuenta de cuál es esa catástrofe social que ocurre cuando un pueblo abandona a su niñez y juventud.

“A grandes males, grandes soluciones”, recordó el Clarinero. Para revertir esta situación, los guatemaltecos deberíamos comprometernos a sacar adelante a las próximas dos o tres generaciones. Para mí, ese es el problema más grande que tenemos en Guatemala. ¿Quiénes son los principales responsables de proteger a las niñas, niños y jóvenes chapines? La respuesta nos salta de la boca: “Son los padres de familia”. Sí, los padres de familia son los primeros responsables. Sin embargo, esta respuesta está incompleta. Responde a nuestra forma de ver fragmentada que tiende a separar y a no ver que todas las familias formamos parte de un contexto social, de una comunidad y que nuestro entorno es determinante para el bienestar de nuestras vidas, que debe basarse en el amor y la ternura.

Este compromiso no puede quedar solo en las manos de los padres de familia, o ser solamente un compromiso del Estado. Necesitamos que los barrios y las comunidades, con sus autoridades locales, estén apoyadas por un gobierno que trabaje integralmente para superar este colapso social con una nueva visión de nación. Hasta que no comprendamos que los niños y los jóvenes son lo más importante, no tendremos futuro como país. ¿Imposible lograrlo? No lo sé. Pero hay que intentarlo.

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