La sesión que efectuará hoy el Congreso de la República puede ser la última del año, y está pendiente la designación de su representante en la Corte de Constitucionalidad, en este momento afectada en su credibilidad como consecuencia de que Héctor Trujillo, magistrado suplente y acusado ahora de corrupción a escala internacional, podría integrar y decidir en ese ente jurídico-político.

La magistratura titular de la CC, en representación del Congreso, había caído en Manuel Duarte, quien debió dejar el cargo por no haber renunciado del Legislativo cuando fue nombrado. Eso ocurrió hace cinco meses, tiempo durante el cual el máximo tribunal constitucional ha debido integrarse con un suplente, de conocida afinidad con la presidenta. En dos ocasiones ha habido citación para que el pleno cumpla con esta obligación, pero no ha sido posible a causa de las acciones opositoras, que merecen ser calificadas como burdas, realizadas por los diputados Mario Taracena y Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Al respecto de la CC, es necesario recordar que no es uno de los poderes del Estado, sino que la conforman magistrados que fueron escogidos por el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos. Debido a ello, el Congreso tiene obligación constitucional de cumplir con su tarea. Por no haberlo hecho, la Corte ha sido integrada con la participación de un magistrado suplente. Este no puede ser, por elemental lógica, alguien involucrado en escándalos de corrupción.

Es válido preguntarse por qué los diputados aludidos se oponen al nombramiento. La explicación evidente es que la CC se encuentra estudiando amparos interpuestos por casos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom, entre los cuales destaca el fideicomiso del Transurbano, en el cual de alguna manera existe relación con el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y con Gustavo Alejos, ex secretario privado de Colom y hermano del entonces presidente del Congreso, Roberto Alejos. Por su parte, la presidenta de la CC también tiene tareas.

La primera de ellas es resolver el amparo vigente otorgado por la misma CC para dilucidar si procede restituir a quien había sido nombrado por el Congreso. Con ello debe, entonces, exigir a este organismo que designe a su representante titular en el tribunal constitucional, ahora que está fuera el suplente Trujillo, cuya desvinculación debe ser inmediata, por evidentes razones.

Si el pleno no decide hoy, debería ser convocada una sesión extraordinaria para conocer el tema, lo que parece ser poco probable, como también es poco confiable que los diputados cumplan con asistir, aun en caso de que fueran llamados.

Otra pregunta que debe ser respondida es cuáles son las consecuencias de dejarle a la próxima legislatura, integrada de manera diferente, la responsabilidad de hacer este nombramiento faltante. Se trata de un asunto complicado, ciertamente, por sus consecuencias y por las razones que lo dificultan. En las manos del Congreso queda cumplir con el mandamiento de la Carta Magna para que la CC regrese a la normalidad.