LA PRÓXIMA INTEGRACIÓN de la nueva Corte de Constitucionalidad, considerando los sucesos ocurridos en el proceso, obligan a detenerse en el camino para analizar su vida desde 1986, pero especialmente sus momentos de gloria, la manera cómo ha sido integrada y cómo ha sido determinante en desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos del país. Es válido pensar además en cuál es la imagen de esa institución en diversos grupos de la sociedad, convencidos de la dificultad de su trabajo porque primero se debe estar de acuerdo si se trata de una institución política encargada de la interpretación jurídica del texto constitucional, o si, al contrario, es una entidad jurídica llamada a interpretar políticamente.

LA CC TUVO SU MOMENTO máximo cuando impidió el serranazo. Otros de sus fallos han sido muy controversiales, como es de esperarse, y en dos ocasiones a mi juicio alargó innecesariamente su tarea. En el caso del grado de afinidad de Sandra Torres, debió haber consultado el Diccionario de la Lengua Española, donde la palabra queda definida como “relación entre personas que se adquiere por matrimonio”, con lo cual no cabía otra consideración. Ha habido preocupaciones por el alcance del criterio según el cual todo, todo, es susceptible de consulta a la CC, cuyo veredicto inapelable ha provocado su apodo de “corte de los milagros”, o “corte celestial”. Pero esto así debe ser y por ello su existencia es, en general, muy positiva.

A MUCHOS GUATEMALTECOS les es imposible entender, por ejemplo, por qué una CC nueva puede echar por tierra los dictámenes de otra CC anterior, o por qué puede hacer lo mismo con decisiones de la Corte Suprema. Debido a estas características se despierta el malsano interés porque quienes la integran sean abogados identificados con un determinado sector social, económico, jurídico o político. Ello pone en riesgo la razón de ser de una entidad llamada en teoría a ser un árbitro confiable, incluso en una realidad como la de Guatemala, no solo tan convulsa sino cada vez causante de mayor decepción y desconfianza ciudadanas por el funcionamiento de las instituciones, en su mayoría sometidas al soberano capricho de unos cuantos.

EL PROCESO DE REDUCCIÓN de la confianza nacional a los fallos emanados por la CC es resultado directo de la manera cómo han actuado las cinco entidades nacionales encargadas de elegir a sus integrantes, debido a dos factores. Uno, considerar a quienes son escogidos como defensores o integrantes del Congreso, el Ejecutivo, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario. Y dos, nombramientos derivados de la politización, de la falta de transparencia, de intereses gremiales, políticos, y por ello sin tomar en cuenta cualidades personales de los escogidos. Ellos, por aparte, se han rehusado a entender la crucial importancia de ser independientes, en especial de quienes los nombraron.

ESTO CAUSA LA PREOCUPACIÓN en la CICIG, los países amigos, quienes no entienden el porqué de campañas publicitarias para candidatos a magistrados, o reportajes de compromiso para descalificar a otros en base a acusaciones a sus parientes. Si la CC se desnaturaliza, los efectos serán devastadores. Por ello urge instar a la responsabilidad de las entidades proponentes para no llevar, o mantener, a magistrados cuestionables. La falta de transparencia al escoger candidatos, como es el caso del Ejecutivo, es un mal mensaje, de resultados contraproducentes. Debilitar o instrumentalizar a la CC es minar la estructura político-jurídico-económica del país. Por ello quienes llegan deben ser, sobre todo, gente consciente de la Historia.