Otro aspecto importante a considerar es el proceso de inducción que deben recibir aquellas personas que censarán, deben estar formadas y preparadas para levantar y procesar los datos de acuerdo a indicadores internacionales, pues la información recolectada también podrá ser utilizada por organismos internacionales.

Dada la trascendencia de esta herramienta, es importante despolitizarla, dejar cualquier sesgo, como pueden ser religiosos, gremiales, entre otros. El primer dato de un censo es el saber cuántos somos, para saber hacia dónde focalizar los recursos.

El estudio también nos arrojará datos relevantes como dónde estamos, lo que nos ayudará a identificar dónde está la población más vulnerable, así también nos servirá para conocer la dinámica poblacional, el fenómeno de la migración. Luego corresponde el saber quiénes somos y conocer la proporción mujeres-hombres, la edad promedio, grado de escolaridad, cuántos en pobreza extrema, en qué nivel económico se encuentran ubicados.

La elaboración de políticas públicas debe ir orientada a donde se necesiten y no donde se cree; saber la necesidad de la población y no asumirla, en qué poblaciones se necesitan más centros de Salud, dónde se requieren escuelas, dónde se necesita mayor apoyo de programas sociales, dónde se necesita un mayor grado de infraestructura y de qué tipo, para lo anterior se toman como referencia los datos del censo.

Para los otros organismos del Estado también son útiles los datos que emanan de un censo. Para el Organismo Judicial, el conocer la concentración de personas puede llevar a crear nuevos juzgados. En el Organismo Legislativo puede llegar a cambiar el número de diputados.

El aporte constitucional para las municipalidades puede variar al crearse nuevos municipios. Del lado del sector privado servirán los datos como referentes para la elaboración de estrategias de mercado con el objetivo de satisfacer la necesidad de bienes y servicios. Es obligación del Estado contar con un censo con datos fiables y actuales, ya que con ello se elaboran las políticas públicas, que en el caso de Guatemala una equivocada elaboración puede llegar a ser fatal.

Técnicamente se recomienda hacer el censo cada 10 años. En el caso de Guatemala, el “último” se realizó hace 12 años y contando.

*Analista económico