El informe de Cicig que sistematiza los grandes vicios del sistema político nacional relativos a su financiamiento es una excelente explicación de por qué las y los ciudadanos guatemaltecos estamos exigiendo un cambio en las reglas del juego.

El documento aborda tres grandes temas: a) El dinero y la política; b) El sistema político guatemalteco y su financiamiento; y c) Un modelo de análisis del financiamiento del sistema político en Guatemala. Cada sección se acompaña de un caso paradigmático, ilustrativo de las afirmaciones que la Comisión realiza.

El informe sostiene que en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados, además asegura que la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito y que los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. “Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado a la democracia guatemalteca”, se afirma.

Otro de los temas centrales del informe es el que se refiere a los medios de comunicación y su relación con el sistema político: “La falta de control y regulación de los medios de comunicación incide en el hecho de que estos desempeñen un rol en los procesos electorales que no siempre es transparente. La existencia de tarifas diferenciadas, créditos, y el uso de ‘infomerciales’ distorsionan la equidad en la competencia electoral. Por ello se necesita avanzar en el proceso de acceso igualitario de los partidos y otras organizaciones a los medios de comunicación”.

A la par de este informe, la Cicig ha presentado públicamente investigaciones —basadas en prueba científica— que ilustran las aseveraciones contenidas en el documento. Así existe una decena de solicitudes de antejuicio contra diputados de diversas bancadas y contra funcionarios del sistema judicial y del Ejecutivo, porque al final de cuentas, estas redes han permeado las instituciones y los organismos del Estado.

Es precisamente por eso que la ciudadanía exige #ReformaYa y sostiene que “en estas condiciones no queremos elecciones”. Las manifestaciones reflejan el hartazgo hacia una clase política que ha convertido el sistema en una cloaca. Los partidos son fuente de corrupción y se han convertido en partidos-empresas y partidos-mafias.

Sobran los dedos de las manos para identificar a personas que ejercen la política de manera decente, y esto porque es el sistema el que está podrido y porque no se trata de un tema de individuos, sino de estructuras.

La iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del TSE —respaldada por amplios sectores sociales— que los diputados se negaron a aprobar de urgencia nacional y que está siendo conocida por una comisión legislativa, contempla reformas para varios de los aspectos centrales señalados por la Cicig.

El congreso (así, con minúscula) tiene una oportunidad única de aprobar la integralidad de la reforma y posibilitar que para este proceso algunos de los artículos tengan vigencia.