Es inevitable pensar y darse cuenta de que después de los plantones públicos y manifestaciones ciudadanas, las élites intencionaron una estrategia de contención política altamente efectiva, basada en el entrampamiento institucional (mesas separadas quitándoles abordaje integral a las transformaciones), en la histórica cultura antidemocrática de respetar las diferencias (aunque colateral, la homofobia imperante en la coyuntura), en el caudillismo oenegero (los gurúes que deciden las cuestiones torales y acaparan medios), y que bajo el andamiaje jurídico (el mito del orden constitucional y de la cultura de legalidad) han diluido la agresividad de la movilización social, de sus propuestas y planteamientos para la refundación del Estado.

Y en este sentido, luego de los movimientos en contra de la corrupción sistémica, quizá la problemática social que aún nos sirve como elemento cohesionador para profundizar la crisis (lacerar nuevamente la gangrena societal), sea demandar el desmantelamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), pues no podemos avanzar hacia una reforma integral del Estado o la refundación del mismo, sin entrarle al estudio sistemático y acciones políticas concretas para desmontar dichas estructuras criminales que han cooptado desde las entrañas el aparato público.

Los Ciacs pueden definirse como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado, donde también hay funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de distintos sectores nacionales que responden a determinados fines, empleando sus medios de poder. Los Ciacs no constituyen un grupo único y monolítico, sino son redes que han cooptado las instituciones públicas, creando un estado de mafia corporativa. Es decir, una alianza nefasta entre los sectores tradicionales de la oligarquía, algunos ‘nuevos empresarios’, elementos de la policía, el ejército, y delincuentes comunes”. (Wola, 2004).

Los Ciacs fueron evolucionando hacia el crimen organizado y la corrupción sistémica por medio de las violencias, el soborno, el amedrentamiento, la impunidad, la manipulación mediática y el financiamiento del sistema político. Los Ciacs, en esencia, ejercen el poder real en forma paralela, a la sombra de la institucionalidad del Estado (La Línea, IGSS-Pisa, mafias en PNC, corrupción en el Congreso, Comisiones de Postulación, entre otros).

Empero, debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Hasta dónde las reformas a las leyes cocinadas en el Congreso nos permitirán desmantelar los Ciacs? ¿Disolver el Ejército nos garantiza una reducción significativa del poder de los Ciacs? ¿Cómo desmontar los Ciacs mayoritariamente privados? ¿Y la influencia de los Ciacs supranacionales (DEA, OMC, FEM, CIA y Otán)?

Finalmente, si no desmantelamos los Ciacs, los chapuces jurídicos, políticos e institucionales serán en vano, solamente pondrán a prueba la sofisticación adaptativa de los Ciacs ante nuevas realidades emergentes, ante una “democracia de calle” postconflicto que quiere quitarle sus privilegios históricos.

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